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Las obras de Chesterton están aún vivas en España

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha puesto fin al litigio surgido entre los herederos del escritor británico G.K.Chesterton y una editorial española con motivo de las discrepancias en torno al plazo de protección aplicable a las obras de aquél en España. La sentencia ratifica que las obras de Chesterton, como las de cualquier autor, nacional o extranjero, que hubiera fallecido bajo la vigencia de la ley española de 1879, se protegen en España durante un plazo de 80 años post mortem auctoris.

The Royal Literary Fund (RLF) es una fundación británica, heredera y representante de los derechos del escritor G.K.Chesterton. Enokia, S.L. es una compañía española propietaria de una casa editorial conocida fundamentalmente por sus colecciones de autores clásicos. RLF interpuso demanda contra la editorial española con motivo de la edición y comercialización por parte de esta última de una serie de títulos del escritor británico, que, a entender de la fundación, aún no se encontraban en el dominio público en España. Consecuentemente, solicitaba se declarase que la edición, publicación y comercialización de las obras de Chesterton constituía una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la demandante, condenando a la demanda a cesar en la explotación de las obras y a indemnizar a los titulares por los daños patrimoniales y morales causados.

El 13 de abril de 2015, el Tribunal Supremo resolvió finalmente a favor de la fundación británica afirmando que la protección conferida por la Ley española de 1879 establece claramente un plazo de 80 años p.m.a.

Añade, así mismo, el Tribunal que no puede aceptarse la declaración de la recurrente, sobre un posible resultado discriminatorio e injusto para los autores nacionales. Si bien es cierto que, a diferencia de los autores extranjeros, los requisitos de inscripción en el Registro sí les eran aplicables a los nacionales, también lo es que la Ley de 1987 no sólo eliminó esta diferenciación, sino que arbitró mecanismos para paliar el trato injusto que bajo la vigencia de la legislación habían recibido.

La complejidad –y la riqueza- de este pleito viene motivada porque la solución al conflicto (la determinación del plazo de protección de las obras del escritor británico en España), exige una labor de integración y conciliación de diversas normas que se encuentran en planos espaciales y temporales distintos. A los problemas de derecho transitorio propios de la ley española se suman los derivados de tener que conciliar las distintas normativas aplicables –la nacional, la comunitaria y la contenida en los Convenios internacionales-, en algunos puntos contradictorias.

Que las obras de G.K. Chesterton se protejan en España por un plazo de 80 años no resultaría tan chocante si no fuera porque en Reino Unido, país de origen del escritor, los derechos sobre las mismas se encuentran en el dominio público desde el año 1986 o, como muy tarde, desde el año 2006 (tras la ampliación operada por la Directiva 93/98/CE). El hecho resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que España sería el único país donde, a día de hoy, los derechos sobre la obra de Chesterton se encuentran aún en vigor.

En un intento de abstracción, podría afirmarse que  la conclusión a que llega el Tribunal Supremo español es fruto de la aplicación de tres principios fundamentales:

  1. El principio de no discriminación entre nacionales comunitarios. Las obras de G.K. Chesterton se protegen en España por 80 años como las de cualquier otro autor comunitario –español o no- porque, de lo contrario, se le estaría otorgando al escritor un trato discriminatorio en relación con el resto de autores nacionales, cuyas obras sí estarían protegidas durante todo ese plazo.
  2. Respeto a los derechos adquiridos. De acuerdo con este principio de respeto de los derechos adquiridos, unido al  juego de las disposiciones transitorias de las sucesivas normas de propiedad intelectual, resultaría que a los autores fallecidos con anterioridad a 1987 no se les aplicaría ni el plazo de 60 años previsto inicialmente en la ley de 1987, ni tampoco el de 70 fijado tras la armonización comunitaria, sino el de 80 años de la Ley de 1879.
  3. Protección mínima. El artículo 5.2 del convenio de Berna establece que el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en el mismo “no estarán subordinados a ninguna formalidad”. La Ley de 1987, en señal de rechazo al sistema formalista anterior, compensó a los autores que lo habían sufrido permitiéndoles “rescatar” del dominio público las obras que habían caído en el mismo por no haber sido inscritas.

Sin restarle importancia a la victoria de la Royal Literary Fund en la defensa de los derechos del genial escritor, lo cierto es que las implicaciones de esta sentencia del Tribunal Supremo español van mucho más allá. Por si cabía alguna duda, el plazo de protección en España de las obras de autores –nacionales o no- fallecidos con anterioridad a 1987 es de 80 años p.m.a. Probablemente, esta sentencia haya supuesto una grata sorpresa para los herederos de muchos autores cuyas obras creían ya en el dominio público. 


N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog


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Muebles y derechos de autor. Sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2015, en el asunto Dimensione, C-516/13

Hay sentencias del Tribunal de Justicia que resultan menos interesantes por lo que dicen que por lo que dan a entender. La Sentencia de 13 de mayo del Tribunal de Justicia (C-516/13) trae causa de una cuestión prejudicial suscitada en Alemania en el marco de un litigio surgido entre dos sociedades italianas: como demandante, la sociedad Knoll International SPA, titular del derecho exclusivo de distribución sobre ciertos muebles con nombre propio (el sillón «Wassily», la mesa «Laccio», el sillón, taburete, diván y mesa «Barcelona», las sillas «Brno» y «Prag», y el sillón «Freischwinger»); y como demandada, la sociedad Dimensione Direct Sales Srl, responsable de cierta campaña de publicidad, específicamente orientada a Alemania, en relación con la venta de reproducciones imitativas de tales muebles.

Las ofertas de venta se llevaban a cabo a través del sitio de Internet de la demandada, disponible en lengua alemana, así como con la publicación de anuncios en revistas y diarios alemanes.
La sentencia toma como punto de partida lo que para algunos podría haber sido el objeto mismo de la controversia: para el Derecho alemán, los muebles en cuestión son obras de arte que gozan de protección bajo el paraguas del derecho de autor. Tampoco se plantea ante el Tribunal ninguna cuestión jurisdiccional: el hecho de que los muebles sean fabricados en Italia no obsta para que, si la publicidad va dirigida al mercado alemán, pueda ser interpuesta la acción en Alemania pues es en ese país donde las obras están protegidas.
La cuestión es otra distinta: si una oferta de venta o una publicidad del original o de una copia de una obra de arte puede infringir el derecho de distribución, allí donde se encuentre protegido, incluso si no se acreditara que esa publicidad haya dado lugar a la adquisición del producto.
La Sentencia viene a recordar que el Tribunal de Justicia se ha decantado, en cierta medida, por una noción amplia del derecho de distribución para entender comprendidos en el mismo otros actos (ofertas contractuales, ofertas y publicidad no vinculantes) que forman parte de la cadena de operaciones emprendidas con el objetivo de realizar la venta de un producto.
En cuanto a la posibilidad de que titular de un derecho exclusivo de distribución de una obra protegida se oponga a una oferta de venta o a una publicidad del original o de una copia de esa obra, incluso si no se acreditara que esa publicidad haya dado lugar a la adquisición del objeto protegido por un comprador de la Unión, el Tribunal de Justicia advierte que el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29 no se opone a ello “siempre que dicha publicidad incite a los consumidores del Estado miembro en el que esa obra está protegida por el derecho de autor a su adquisición”.
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El TJUE mueve ficha: la digitalización de obras por las bibliotecas

Las reglas del juego en materia de digitalización están un poco más claras ahora gracias a la sentencia del TJUE de 11 de septiembre de 2014 en el Asunto C-117/13, TU Darmstadt. ¿O será más bien al contrario?


La sentencia trae causa de un litigio surgido en Alemania entre la Technische Universität Darmstadt, una biblioteca de acceso público, y Eugen Ulmer KG, editora de un libro sobre historia contemporánea. La Biblioteca había digitalizado el libro para ponerlo a disposición de los usuarios en los puestos de lectura electrónica que tiene instalados en sus locales. Los usuarios de los puestos de lectura podían imprimir la obra completa o parte de ella en papel o guardarla en una memoria USB y de esta forma sacarla de la biblioteca. TU Darmstadt, además, no había aceptado la propuesta de la editorial de adquirir y utilizar los manuales que ésta editaba en formato de libro electrónico (e-books).

Las posiciones de una y otra parte habían recibido el apoyo de federaciones y asociaciones de bibliotecas y de editores, habida cuenta la importancia del asunto y la experiencia “piloto” que el procedimiento representa. Así había sido calificado el caso por el propio Abogado General.

Al margen de ciertas disposiciones propias del Derecho alemán, la Sentencia examina el alcance de las disposiciones que la Directiva 2001/29 dedica a las Bibliotecas. En su artículo 5.2.c) la Directiva advierte que los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones al derecho de reproducción en relación con actos efectuados por bibliotecas, centros de enseñanza o museos accesibles al público, o por archivos, que no tengan intención de obtener un beneficio económico o comercial directo o indirecto. Por su parte el artículo 5.3.n) añade que los Estados miembros podrán establecer excepciones o limitaciones a los derechos cuando el uso consista en la comunicación a personas concretas del público o la puesta a su disposición, a efectos de investigación o de estudio personal, a través de terminales especializados instalados en los locales de los establecimientos mencionados en la letra c) del apartado 2, de obras y prestaciones que figuran en sus colecciones y que no son objeto de condiciones de adquisición o de licencia.

Como suele suceder de un tiempo a esta parte, El Tribunal a la hora de decidir el asunto da una de cal y otra de arena.

La primera cuestión que se plantea el Tribunal es la de si las obras y prestaciones protegidas «son objeto de condiciones de adquisición o de licencia», en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29, cuando el titular de los derechos sobre las mismas propone a un establecimiento de los mencionados en esa disposición, como las bibliotecas accesibles al público, la celebración, con condiciones adecuadas, de contratos de licencia de utilización de aquéllas. Ulmer argumentaba que el mero hecho de que el titular de los derechos sobre la obra haya propuesto a una biblioteca accesible al público la celebración de un contrato de licencia o de utilización de la obra basta para excluir la aplicación del artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29.

Pero el Tribunal se muestra contrario a esta interpretación y concluye que el concepto de «condiciones de adquisición o de licencia», que figura en el artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29, debe interpretarse en el sentido de que implica que el titular de los derechos y la biblioteca, han celebrado un contrato de licencia o de utilización de dicha obra en el que se especifican las condiciones bajo las cuales el establecimiento puede utilizarla. Por lo tanto la excepción no puede ser excluida

Lo segundo que hace el Tribunal es preguntarse si el artículo 5, apartado 3, letra n), de la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro conceda a las bibliotecas accesibles al público, mencionadas en dicha disposición, el derecho de digitalizar las obras que figuren en sus colecciones, si este acto de reproducción es necesario para poner tales obras a disposición de los usuarios, a través de terminales especializados, en los locales de esos establecimientos. La respuesta del Tribunal es afirmativa: la Directiva 2001/29 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro conceda a las bibliotecas accesibles al público, mencionadas en dicha disposición, el derecho de digitalizar las obras que figuren en sus colecciones, si este acto de reproducción es necesario para poner tales obras a disposición de los usuarios, a través de terminales especializados, en los locales de esos establecimientos.
Finalmente, el TJUE aborda la cuestión de si se puede otorgar a las bibliotecas el derecho de poner sus obras a disposición de los usuarios a través de terminales especializados que permitan imprimirlas en papel o almacenarlas en una memoria USB. Y es aquí donde la Sentencia parece dejar las cosas un poco en el aire:
– De un lado, el Tribunal declara que la Directiva debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a actos tales como la impresión en papel de las obras o su almacenamiento en una memoria USB, efectuados por los usuarios a partir de los terminales especializados instalados en las bibliotecas accesibles al público, mencionadas en dicha disposición.
– Pero de otro añade que tales actos pueden ser autorizados por la normativa nacional de transposición, siempre que en cada caso concreto se cumplan dos requisitos: (i) que el titular de los derechos sobre la obra reciba una compensación equitativa y que (ii) la longitud de los textos reproducidos no perjudique injustificadamente los intereses legítimos de los titulares de los derechos de autor.

En lo sucesivo las Bibliotecas tendrán que revisar sus criterios de actuación en razón de la forma en que las normativas nacionales acotan o amplían el límite establecido en la Directiva y de la propia interpretación del límite por parte del TJUE.

N.B. Se ofrece una versión inglesa de este post en el Blog de IMPACT




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La difusión de obras en las habitaciones de un establecimiento termal de asistencia sanitaria constituye un acto de comunicación pública


Alfons Mucha
De Rita Willaert
(vía Flickr)
El Tribunal de Justicia ha vuelto a pronunciarse hoy sobre el concepto de comunicación al público, en su modalidad de radiodifusión, en el marco de la Directiva 2001/29/CE la conocida como Directiva de la Sociedad de la Información). El litigio principal (asunto C-351/12) surge entre la entidad que gestiona los derechos de los autores musicales en la República Checa –OSA- y un establecimiento sanitario de aguas termales a causa de la negativa de este último a pagar a la entidad de gestión las cantidades devengadas en concepto de comunicación pública de obras musicales en su establecimiento durante los años 2008 y 2009.

La peculiaridad de este asunto radica en que la Ley checa de Derecho de Autor prevé una excepción al pago de las compensaciones debidas a los autores a favor de ciertos establecimientos de asistencia sanitaria. Según alega la OSA, esta excepción sería contraria a la Directiva 20001/29/CE, que no permitiría tales limitaciones al derecho de comunicación pública. El argumento es rebatido por el centro sanitario, quien además alega que, en todo caso, las disposiciones de una Directiva no pueden ser directamente invocadas en un litigio entre particulares. Sostiene además que la OSA abusa de su posición de dominio en el mercado, ya que sus tarifas resultan desproporcionadamente altas en comparación con las establecidas por las entidades de gestión análogas situadas en países limítrofes. Todas estas cuestiones son planteadas por el Tribunal checo ante el TJUE.

1)             En lo que respecta a la posibilidad de que una ley nacional pueda excluir el derecho de los autores a autorizar o prohibir la comunicación pública de sus obras en un establecimiento mercantil que tiene instaladas televisiones a tal efecto, el Tribunal de Justicia, con base en una amplia lista de precedentes, opta por una interpretación amplia del concepto de comunicación pública y tiene en cuenta el “efecto acumulativo” de la radiodifusión en las habitaciones. Tal efecto se refiere a la posibilidad de que los distintos usuarios o pacientes de las habitaciones accedan a las obras de forma simultánea o sucesiva en el tiempo.

La duda que podía surgir a la hora de incardinar un acto de estas características en el concepto de comunicación pública venía sembrada por la jurisprudencia sentada por este mismo tribunal en el asunto C-135/10 (“SCF”), relativo a la radiodifusión de obras musicales en la consulta de un dentista. En aquel supuesto, el Tribunal resolvió en el sentido de que no existía tal acto de comunicación pública, fundamentalmente porque el público al que se dirigían las obras –los pacientes de un dentista- estaba constituido por un número de personas escaso y porque la difusión de la música en la consulta no repercutía en modo alguno en los ingresos del negocio.

Como no podía ser de otro modo, esta resolución del Tribunal de Justicia, de fecha de 15 de marzo de 2012, es invocada por el centro termal, que entiende sería de aplicación al presente supuesto. En esta ocasión, sin embargo, el Tribunal estima que tales pronunciamientos no son de aplicación al caso enjuiciado, puesto que la sentencia invocada fue dictada en el marco de un litigio relativo a la remuneración debida a los artistas y productores de fonogramas prevista en la Directiva 92/100/CEE y en este caso nos encontramos ante un derecho de autor regulado en la Directiva 2001/29/CE. En esta última se prevé (artículo 5.3, letra b) que los Estados puedan establecer excepciones al derecho de comunicación pública en beneficio de personas con minusvalías, pero siempre que la comunicación no revista un carácter comercial. En este caso, el Tribunal estima que no concurren los presupuestos de tal precepto para poder establecer la excepción, de modo que la misma sería contraria a Derecho Comunitario.

2)             Con todo, el Tribunal afirma, contestando a la segunda de las cuestiones prejudiciales planteadas, que una norma recogida en una directiva no puede ser directamente invocada en un litigio entre particulares para dejar sin aplicación una norma de derecho interno o hacer una interpretación contra legem de la misma. Dicho de otro modo, la entidad de gestión checa no puede invocar el artículo 3.1 de la Directiva 2001/29 para “invalidar” la excepción recogida en la norma nacional. Sin embargo, esta regla es matizada por el Tribunal, que añade a continuación que el órgano judicial que conoce del litigio principal estará obligado a interpretar tal normativa nacional a la luz de la disposición comunitaria invocada para tratar de llegar a una solución conforme al objetivo perseguido por la misma. 

3) La tercera de las cuestiones prejudiciales está dirigida a dirimir sobre el pretendido abuso de posición dominante de la entidad de gestión checa dada su situación de monopolio dentro de la República Checa y el carácter abusivo de sus tarifas. Sobre este particular, el Tribunal de Justicia señala que ni la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, ni los artículos 56 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se oponen  a una normativa como la checa que permite el ejercicio monopolístico de la gestión colectiva de determinados derechos por parte de una sola entidad. No obstante, el juez nacional será quien deba determinar si las tarifas fijadas por tal entidad de gestión resultan excesivas en comparación con las establecidas por otras entidades de gestión que prestan servicios análogos en países limítrofes. De ser así, la sociedad de gestión podría estar incurriendo en un abuso de posición dominante contrario al artículo 102 TFUE. 



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Los enlaces en Internet. ¿Son o no comunicación pública? Sentencia del Tribunal de Justicia (TJ) de 13 de febrero de 2014 (C-466/12, asunto Svensson)

“Hyperlinks come to life”
de Ricky Leong
(Vía Flickr)

El TJ parece con esta sentencia poner fin a la eterna disputa en torno a la calificación jurídica de los enlaces en Internet y su conceptuación como actos de comunicación pública. En España, la cuestión ha suscitado una verdadera controversia, hasta el punto de que el 2 de septiembre de 2012 se dictaron resoluciones contradictorias sobre la misma materia por parte de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual y del Juzgado de Instrucción nº 4 de Bilbao. 

Lo curioso de este asunto es que el TJ termina por declarar que no hay comunicación al público, pero ello se debe a las circunstancias concretas que dieron lugar al litigio, sin que pueda extraerse del fallo de la sentencia la regla general de que los enlaces no constituyen comunicación pública, sino más bien todo lo contrario. En el concreto supuesto, la demandada gestionaba una página de Internet en la que facilitaba listas de enlaces sobre los que se podía pulsar y que conducían a artículos periodísticos publicados previamente por los demandantes en la página web del periódico Göteborgs-Posten, de Estocolmo. Lo relevante para el Tribunal a la hora de determinar que no hay comunicación pública es el hecho de que, durante el tiempo que estuvieron activos los enlaces, los contenidos periodísticos se encontraban también disponibles sin restricción de ningún tipo en la página web del referido periódico. En este sentido, el TJ considera que, si bien el concepto de comunicación al público ha de ser interpretado de manera amplia (como ya lo hiciera, entre otras, en las sentencias de 4 de octubre de 2011 “Football Association Premier League” y de 7 de marzo de 2013 “ITVBroadcasting”), para que tenga lugar tal acto de comunicación éste ha de estar dirigido a un público nuevo. 

La cuestión principal estriba, pues, en determinar qué se entiende por “publico nuevo”. Tal y como se desprende de la resolución, se trata de aquel que “no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial”. Si, como en el litigio principal, el contenido es puesto a disposición del público en Internet sin ningún tipo de restricción por parte del titular, es preciso entender que el público de esa comunicación inicial son todos los potenciales usuarios de Internet. De ahí que en el presente caso el Tribunal considerara que la comunicación pública no había tenido como destinatario un público nuevo. 

En todo caso, la sentencia comentada permite extraer la conclusión de que cuando los enlaces a contenidos protegidos permiten su acceso a un público que “no fue tenido en cuenta” por el titular, se tratará de un acto no consentido de comunicación pública en el sentido del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE. Así sucederá, por ejemplo, cuando la obra o prestación que se enlaza ya no se encuentre a disposición del público en la página en la que fue comunicada inicialmente o cuando sólo lo esté para un público limitado. 




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