Tag Archives: Derechos de autor

¿Cómo determinar el plagio de un sabor? El caso LEVOLA.

En un caso reciente ante el TJUE, el tribunal remitente plantea una serie de cuestiones prejudiciales en torno a la compatibilidad del Derecho de la Unión Europea con la protección por Derecho de autor del sabor de un alimento y a los requisitos que, en caso de que tal protección sea posible, ha de cumplir el sabor.

En el año 2007, un comerciante de productos frescos neerlandés creó el “Heksenkaas”, un queso para untar a base de nata y finas hierbas. Tal fue el éxito de este producto que 4 años más tarde una importante empresa de alimentación holandesa compró los derechos de propiedad intelectual sobre el queso en cuestión. El 10 de julio de 2012 se concedió, además, una patente por el método de producción del Henksenkaas.

Dos años más tarde, en 2014, otra empresa holandesa -Smilde Foods- comienza a producir para una cadena de supermercados un producto llamado “Witte Wievenkaas”.

Levola presentó una demanda contra Smilde ante el Tribunal de Primera Instancia de Güeldres. El 10 de junio de 2015, el Tribunal dictó sentencia desestimando las pretensiones de Levola sin pronunciarse sobre la cuestión de fondo (la de si un sabor puede ser objeto de protección por Copyright) al considerar que Levola no había identificado cuáles eran los elementos del sabor que dotaban al Heksenkaas de un carácter propio y singular.

En este sentido, el Tribunal de Justicia considera que el concepto de obra contemplado en la Directiva 2001/29 exige la existencia de una expresión externa identificada con suficiente precisión y objetividad, lo cual no se da en el caso de un sabor. Es en definitiva la imposibilidad de definir de forma objetiva y precisa el objeto de la protección, con la inseguridad jurídica que ello implica, lo que determina que un sabor no pueda ser calificado como una obra intelectual.

La sentencia del TJUE pone en evidencia que el Derecho de autor limita su ámbito de aplicación a las creaciones que puedan ser percibidas por la vista y por el oído. A día de hoy, las creaciones “gustativas” y, por analogía, “las olfativas” quedan al margen de esta rama del Derecho.

  N.B. Resumen del artículo publicado en Kluwer Copyright Cases: 

Autora: Patricia Mariscal

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Un corazón radiante para Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de apelación presentado por los titulares de una marca gráfica, cuyo elemento central es un corazón radiante, dibujado con gruesos trazos negros y coloreada en rojo, el cual es utilizado por los demandados para la comercialización de numerosos artículos y souvenirs en múltiples tiendas de Madrid. El Tribunal considera que el Corazón Radiante constituye un plagio de la obra del difunto grafittero de los años 80 Keith Haring.

Keith Haring fue un artista plástico graffitero de la “Generación Pop” de los años 80, y uno de los impulsores de la llamada “cultura demótica”, en la que se combinaban moda, arte y música. Muchas de sus creaciones artísticas incorporan la figura de un corazón radiante, dibujado con gruesos trazos negros y coloreado en color rojo (conocido como “radiant Heart”). Algunas de estas obras han sido expuestas en museos y se encuentran registradas en la Oficina de Copryright de EEUU. Por lo general, el corazón no aparece solo, sino junto con otros elementos para conformar un conjunto creativo mayor.

Por su parte, los hermanos Bartolomé Alvarado son titulares de una marca española, de carácter mixto, conformada por un corazón prácticamente idéntico al descrito junto a la palabra “Madrid”. El signo es registrado para una gran variedad de productos (juguetes, papelería, imanes, textil), los cuales son objeto de comercialización por ambos hermanos en diferentes comercios de la capital española.

En el año 2015, The keith Haring Foundation, titular de todos los derechos sobre el legado artístico de Haring tras su muerte, interpuso demanda contra los hermanos Bartolomé Alvarado por infracción de derechos de propiedad intelectual.

La postura de los demandados se centra en tratar de demostrar que no existe una obra artística que, como tal, pueda denominarse y estar constituida única y exclusivamente por la figura de un corazón. Su razonamiento es que el corazón es un elemento presente en algunas obras de Haring, conformando así el estilo artístico de Haring, pero carente de individualidad y singularidad propia como para poder ser considerado una obra intelectual de forma aislada y separado del resto de elementos que conforman los conjuntos artísticos del autor.

El 21 de marzo de 2016, el Juzgado de Lo Mercantil nº 5 de Madrid dictó sentencia en la que se declaraba la infracción de derechos de propiedad intelectual sobre la obra de Haring anulando consecuentemente el registro de marca Española y se condenaba a los demandados a cesar en la comercialización de los productos, así como al pago de 20.000 euros en concepto de daño moral.

Los demandados recurrieron ante la Audiencia Provincial de Madrid, con fecha de 23 de noviembre de 2018.

La Audiencia provincial, en contra de lo que sostienen los demandados, entiende que el Corazón Radiante es un elemento que por sí solo goza ya de singularidad y altura creativa propia como para ser considerado una obra intelectual original: “la figura del citado corazón radiante, tal cual se presente, en forma, color y contorno, constituye un elemento particularmente característico y relevante de la obra plástica “Radiant Heart”, por su situación y tamaño dentro de la composición plástica. Y ello no solo en esa obra de KEITH HARING, sino que aparece utilizado con la misma morfología en otras obras del autor, sin título.” En consecuencia con ello, confirma la sentencia de primera instancia en todos los extremos.

Esta sentencia de la Audiencia Provincial en este asunto resulta paradigmática en el ámbito de las artes plásticas y permite extraer algunas enseñanzas relevantes. En particular, que los diferentes elementos de una composición artística son susceptibles de ser considerados obras intelectuales en sí mismos y aisladamente del resto de la composición siempre que gocen de la suficiente singularidad y relevancia dentro del conjunto.

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autora: Patricia Mariscal

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Fashion Law. La protección de la moda a través del derecho de autor (IV)

La firma ELZABURU ha tenido el placer de colaborar con la editorial Thomson-Reuters Aranzadi en la obra Fashion Law, tratado pionero en España sobre el derecho de la moda, que fue presentado el pasado 16 de abril. 

Con estos pequeños resúmenes semanales, los profesionales de ELZABURU que han colaborado en la obra nos ofrecen una breve panorámica de su contribución: 

La protección de la moda a través del derecho de autor

No nos resistimos a incluir en este resumen la cita de Balenciaga con la que comenzábamos el capítulo. Decía el modisto vasco que un buen modisto debe ser: arquitecto para los patrones, escultor para la forma, pintor para los dibujos, músico para la armonía y filósofo para la medida.

Este afán por elevar los diseños de moda a la categoría de obras artísticas se extiende también al plano jurídico, al pretender la protección por Derecho de autor de toda una variedad de creaciones –textiles en su mayor parte- cuyo cauce natural de protección es otro bien distinto.

Ello no es de extrañar, pues la protección que ofrece el Derecho de autor es en muchos aspectos más beneficiosa que la que pueda ofrecer el diseño industrial, por ejemplo. La más evidente de las ventajas es el plazo de duración de los derechos (70 años post mortem auctoris), pero también la no exigencia de formalidad alguna para obtener la protección o el haz de derechos morales otorgados al autor.

Sin embargo, no todo resulta tan fácil. Una creación, cualquiera que sea el campo artístico en el que nos encontremos, ha de gozar de un determinado nivel de originalidad y de altura creativa para obtener protección por Derecho de autor. La cuestión estriba, pues, en determinar, qué se entiende por creación original susceptible de ser protegida por esta vía.

Es éste el punto más controvertido de los que afectan al Derecho de autor como materia. Ni la Ley de propiedad intelectual, ni la Ley de diseño industrial contienen una definición que permita distinguir a priori qué creaciones quedan bajo el amparo del Derecho de autor y cuáles han de buscar otros medios de protección como pueda ser el diseño o la normativa sobre competencia desleal.

De la jurisprudencia más reciente se deduce, no obstante, que no se trata de una cuestión de concepto, sino de grado. Esta jurisprudencia pone también el énfasis en las distintas finalidades que están llamados a cumplir el diseño y el Derecho de autor, lo que implicaría que la elección de uno u otro régimen estaría en cierta medida determinada por el destino más o menos industrial del diseño y el destino ornamental, decorativo o meramente estético de las obras intelectuales.

La labor del jurista en este campo ha de consistir, por tanto, en determinar dónde se encuentra la frontera entre la originalidad exigida al diseño (el artículo 5LDI habla de novedad y carácter singular) y la que se requiere para poder calificar un diseño como obra artística.

La realidad es que la moda pret-a-porter está destinada su producción y consumo en masa y, por ello, la vía natural para su protección es la que ofrece el diseño industrial, con un plazo de duración de los derechos mucho más limitado y dirigida a fomentar, entre otras cosas, el buen funcionamiento del mercado y de la producción y comercialización de productos de consumo.

Son pocas, por tanto, las creaciones que en el mundo de la moda puedan considerarse especialmente creativas y que pueden otorgar a sus creadores el privilegiado estatus de autor. Pero, ¿quién se atrevería a afirmar que el famoso traje de Yves Saint Laurent evocando a la Composición con rojo, azul y amarillo de Mondrian no es una obra de arte?

   

Autora: Patricia Mariscal 

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La serie Fashion Law se compone de las siguientes entregas:

1. La protección de las marcas en el sector de la moda (23.04.2018)

2.La protección de los diseños en el sector de la moda (30.04.2018)

3.La protección de las patentes en el sector de la moda (07.05.2018)

4.La protección de la moda a través del derecho de autor (21.05.2018)

5.El derecho de imagen en el mundo de la moda (28.05.2018)

6.Data Fashion: cuestiones de privacidad y protección de datos (04.06.2018)

7.Fashion Law. Falsificación y piratería en la moda (11.06.2018)

8.Fashion Law. Agotamiento de derechos en el sector de la moda (18.06.2018)

9.La reputación corporativa en el sector de la moda (25.06.2018)

10.Protección de la imagen comercial de una marca de moda (04.07.2018)

11.Moda 4.0: webs, apps y RRSS (13.07.2018)

12.Valoración de intangibles (17.07.2018)

13. Licenciamiento (06.09.2018)

La copia privada, una institución moldeada por los tribunales



El progresivo desmoronamiento del sistema legal que regulaba la remuneración compensatoria por copia privada ha provocado casos insólitos. Así consideramos el caso de la Sentencia del Tribunal Supremo español de 6 de marzo de 2015, que ha determinado si los teléfonos móviles y las tarjetas de memoria están sujetas al pago de la remuneración compensatoria, la cuantía y la aplicación de la doctrina Padawan. Cuentan para ello con una regulación quebrada, reducida al principio general de sometimiento de los aparatos idóneos para grabar. Ante esta situación, el órgano judicial ha decidido si cuando el daño supera el umbral mínimo para que sea compensable, el canon a pagar y el efecto Padawan en estos dispositivos. Un tribunal proactivo que contrasta frente al regulador en retirada.

En junio de 2008, el gobierno español aprobó una Orden en la que se establecía los soportes y dispositivos digitales sujetos al pago de la remuneración compensatoria por copia privada. Era una norma esperada desde que, en 2006, el legislador aprobara el texto vigente de la Ley de Propiedad Intelectual. En su texto se anunciaba la futura publicación de este listado de aparatos para incorporar el sistema de copia privada en los aparatos digitales.

Esta regulación parecía la definitiva adaptación del sistema por copia privada al nuevo entorno digital, pero se convirtió en el prólogo de una sucesión de cambios dramáticos operados en el sistema de copia privada en España.

La Orden citada sucumbiría con apenas dos años y medio de existencia, al ser declarada nula por motivos formales por una Sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 22 de marzo de 2011. Sentencia que sería más tarde confirmada por el Tribunal Supremo.

Por último, el Estado en diciembre de 2011 acabaría derogando la regulación de copia privada y sustituyéndola por un pago público a los beneficiarios de la compensación.

En esta transición, han quedado problemas sin resolver y lo que es, sin duda, único, sin normativa que aplicar, dejando un espacio insólito para la intervención de los tribunales, y la aplicación de variable regla de la equidad.

En 2009, la mayor entidad de gestión española, SGAE, había formulado en su nombre y en representación de las entidades productores y artistas de música, reclamación a las compañías NOKIA y SONY respecto al importe debido por los teléfonos y memorias que estas empresas habían vendido en el último semestre de 2008.

La demanda reclamaba la simple aplicación de la Orden citada de 2008. En aquel momento, se trataba de una simple reclamación de cantidad

Cuando los Tribunales examinaron el caso, la situación se había alterado radicalmente. Se había expulsado del Ordenamiento Jurídico la regulación administrativa que sujetaba al pago de los teléfonos móviles  con capacidad de grabar fonogramas a un canon de 1,1 céntimos de euros y a 0,3 céntimos las tarjetas de memorias. Y puede decirse que la propia sujeción de los teléfonos al pago había quedado en el aire.

De hecho la Sentencia del Juez de instancia optó por rechazar todas las peticiones de los acreedores, al basarse la reclamación en una norma que había sido declarada contraria a la Directiva 2001/29.

Sólo en la segunda instancia y en el recurso de casación que dará lugar a los pronunciamientos del Tribunal Supremo, se examinaron las cuestiones de fondo. 

Tres son las cuestiones de especial relevancia que se suscitan en el  debate judicial. La primera y, acaso, más interesante para su examen jurídico tenía que ver con la posible aplicación del concepto de daño mínimo y, en consecuencia, la inexistencia de obligación de pago por los teléfonos móviles reclamados debido a la reducida capacidad de memoria que ofrecían entonces. El segundo versaba sobre las consecuencias a esta reclamación de la anulación del sistema mutualista. ¿Estaban sujetos al pago todos los móviles o sólo los vendidos a particulares?. El tercero tenía que ver con la cuantía de la remuneración. Si la norma que fijaba el importe por aparato carecía de validez, cómo establecer el sistema de remuneración.

En lo que respecta el daño mínimo, resulta interesante observar cómo el tribunal español aplica la técnica de las presunciones que el TJUE ha desarrollado en relación con la copia privada para la concreción del daño mínimo. Si para ser acreedor a la compensación, basta mostrar el posible perjuicio, el Tribunal señala, en sentido inverso, que “que si no existe posible perjuicio o este merece la consideración de mínimo, no procede la compensación equitativa”.

El Tribunal Supremo confirmó el razonamiento de la sentencia de instancia y admitió que los teléfonos móviles deberían estar exentos de pago por su escasa capacidad de almacenamiento. Al mismo tiempo, rechazó su aplicación respecto a las tarjetas dado que su capacidad de grabación superaría las 600 canciones por unidad.

Uso profesional y usos particulares

Sony y Nokia plantearon al Tribunal Supremo que la aplicación de la doctrina Padawan debía conducir a la exclusión del pago de las tarjetas de memoria vendidas a empresas.

Su pretensión no fue aceptada, al entender que cuando los dispositivos se han puesto a disposición de personas físicas sin restricción para su uso personal, “no es necesario verificar en modo alguna que éstas hayan realizado efectivamente copias privadas mediante aquellos (considerando 54)…” según la Sentencia Padawan.

La cuantía compensatoria

Según los deudores, Nokia y Sony, la desaparición de la Orden que fijaba las cuantías a pagar por cada dispositivo determinaba la imposibilidad de establecer una condena al pago, fijando unas cuantías concretas.

La Sentencia de segunda instancia (y posteriormente el Tribunal Supremo), a pesar de reconocer que dicha orden administrativa había sido declarada nula, aplicó las cuantías que en ella se  contemplaban para condenar a las compañías fabricantes de tarjetas de memoria. 

El Juzgador asume la tarea de concretar el daño y para ello, nada le impide apoyarse incluso en los criterios cuantitativos de la norma anulada, ya que -en su opinión- no existían dudas sobre la equidad de los importes que dicha norma establecía.

El Tribunal Supremo en este caso, no ha querido seguir a numerosos casos en que los tribunales han rehusado asumir el papel de regulador y, como aplicadores de la norma, esperan que el órgano competente complete el aparato normativo. Es indudable que en su ánimo debió pesar el derecho de los acreedores, pero también es cierto que esta orden aplicada sujetaba al pago a los teléfonos móviles que el Tribunal, por el contrario, exonera.
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La normativa de la copia privada está recogida en dos breves preceptos de la Directiva 2001/29/CE. Pocos textos como éste han suscitado una cascada recurrente de cuestiones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sus resoluciones están cincelando a golpe de resolución el modelo de copia privada aplicable en Europa. Y, por el ejemplo que se ha expuesto en este artículo, lo mismo sucede a nivel local. Todo ello revela una dejadez pasmosa del regulador por asumir sus obligaciones, abdicando, definitivamente, de esta figura para la compensación de las industrias creativas o configurándola nuevamente de forma certera para que no esté sometida a la duda constante en su aplicación. Por el tiempo transcurrido, puede afirmarse que esta última iniciativa está descartada y la suerte de esta institución dependerá de que los tribunales acierten a suplir con sus decisiones la tarea del legislador.   

N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog


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Las obras de Chesterton están aún vivas en España

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha puesto fin al litigio surgido entre los herederos del escritor británico G.K.Chesterton y una editorial española con motivo de las discrepancias en torno al plazo de protección aplicable a las obras de aquél en España. La sentencia ratifica que las obras de Chesterton, como las de cualquier autor, nacional o extranjero, que hubiera fallecido bajo la vigencia de la ley española de 1879, se protegen en España durante un plazo de 80 años post mortem auctoris.

The Royal Literary Fund (RLF) es una fundación británica, heredera y representante de los derechos del escritor G.K.Chesterton. Enokia, S.L. es una compañía española propietaria de una casa editorial conocida fundamentalmente por sus colecciones de autores clásicos. RLF interpuso demanda contra la editorial española con motivo de la edición y comercialización por parte de esta última de una serie de títulos del escritor británico, que, a entender de la fundación, aún no se encontraban en el dominio público en España. Consecuentemente, solicitaba se declarase que la edición, publicación y comercialización de las obras de Chesterton constituía una infracción de los derechos de propiedad intelectual de la demandante, condenando a la demanda a cesar en la explotación de las obras y a indemnizar a los titulares por los daños patrimoniales y morales causados.

El 13 de abril de 2015, el Tribunal Supremo resolvió finalmente a favor de la fundación británica afirmando que la protección conferida por la Ley española de 1879 establece claramente un plazo de 80 años p.m.a.

Añade, así mismo, el Tribunal que no puede aceptarse la declaración de la recurrente, sobre un posible resultado discriminatorio e injusto para los autores nacionales. Si bien es cierto que, a diferencia de los autores extranjeros, los requisitos de inscripción en el Registro sí les eran aplicables a los nacionales, también lo es que la Ley de 1987 no sólo eliminó esta diferenciación, sino que arbitró mecanismos para paliar el trato injusto que bajo la vigencia de la legislación habían recibido.

La complejidad –y la riqueza- de este pleito viene motivada porque la solución al conflicto (la determinación del plazo de protección de las obras del escritor británico en España), exige una labor de integración y conciliación de diversas normas que se encuentran en planos espaciales y temporales distintos. A los problemas de derecho transitorio propios de la ley española se suman los derivados de tener que conciliar las distintas normativas aplicables –la nacional, la comunitaria y la contenida en los Convenios internacionales-, en algunos puntos contradictorias.

Que las obras de G.K. Chesterton se protejan en España por un plazo de 80 años no resultaría tan chocante si no fuera porque en Reino Unido, país de origen del escritor, los derechos sobre las mismas se encuentran en el dominio público desde el año 1986 o, como muy tarde, desde el año 2006 (tras la ampliación operada por la Directiva 93/98/CE). El hecho resulta aún más sorprendente si se tiene en cuenta que España sería el único país donde, a día de hoy, los derechos sobre la obra de Chesterton se encuentran aún en vigor.

En un intento de abstracción, podría afirmarse que  la conclusión a que llega el Tribunal Supremo español es fruto de la aplicación de tres principios fundamentales:

  1. El principio de no discriminación entre nacionales comunitarios. Las obras de G.K. Chesterton se protegen en España por 80 años como las de cualquier otro autor comunitario –español o no- porque, de lo contrario, se le estaría otorgando al escritor un trato discriminatorio en relación con el resto de autores nacionales, cuyas obras sí estarían protegidas durante todo ese plazo.
  2. Respeto a los derechos adquiridos. De acuerdo con este principio de respeto de los derechos adquiridos, unido al  juego de las disposiciones transitorias de las sucesivas normas de propiedad intelectual, resultaría que a los autores fallecidos con anterioridad a 1987 no se les aplicaría ni el plazo de 60 años previsto inicialmente en la ley de 1987, ni tampoco el de 70 fijado tras la armonización comunitaria, sino el de 80 años de la Ley de 1879.
  3. Protección mínima. El artículo 5.2 del convenio de Berna establece que el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en el mismo “no estarán subordinados a ninguna formalidad”. La Ley de 1987, en señal de rechazo al sistema formalista anterior, compensó a los autores que lo habían sufrido permitiéndoles “rescatar” del dominio público las obras que habían caído en el mismo por no haber sido inscritas.

Sin restarle importancia a la victoria de la Royal Literary Fund en la defensa de los derechos del genial escritor, lo cierto es que las implicaciones de esta sentencia del Tribunal Supremo español van mucho más allá. Por si cabía alguna duda, el plazo de protección en España de las obras de autores –nacionales o no- fallecidos con anterioridad a 1987 es de 80 años p.m.a. Probablemente, esta sentencia haya supuesto una grata sorpresa para los herederos de muchos autores cuyas obras creían ya en el dominio público. 


N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog


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