• BLOG ELZABURU

    Blog de Propiedad Industrial e Intelectual
  • 1

Tag Archives: Canon

La vuelta al canon

En el mes de marzo informábamos en este blog del vacío legal que había dejado la Sentencia del Tribunal español al declarar nulo el sistema de financiación de la copia privada.

Como recordarán, durante los años 2012 a 2016 la compensación equitativa por copia privada ha sido sufragada en España con cargo a los presupuestos generales del Estado. A diferencia de lo que ocurría en la inmensa mayoría de países de la Unión Europea, donde la posibilidad de los usuarios de realizar copias de las obras y otras prestaciones intelectuales que adquieren es financiada a través de un sistema de canon que graba los equipos y soportes aptos para la realización de copias, en España adoptamos temporalmente un sistema en el que esta excepción al derecho de autor era asumida por todos los contribuyentes sin distinción.

La solución del legislador español tenía, como era de esperar, los días contados. En junio de 2016, el TJUE establecía (caso C-470/14-EGEDA) sin ningún género de duda, la exigencia de que la compensación equitativa por copia privada sea sufragada por los usuarios -personas físicas- que se benefician en última instancia de la excepción; lo que deja fuera a las personas jurídicas, que por definición no hacen copias privadas.

Aún cuando ni la sentencia del TJUE ni posteriormente la del Tribunal Supremo español (sentencia 2394/2016) predeterminaban el nuevo sistema a instaurar, fue un hecho asumido que España volvería, en lo fundamental, al sistema de canon existente con anterioridad a 2012. No obstante, existían algunos interrogantes, -principalmente la manera en que iba a regularse el sistema de excepciones-, que han sido desvelados con la publicación en el BOE el pasado 3 de julio del Real Decreto 12/2017, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada.

El “nuevo” canon digital sigue la misma mecánica que el erradicado en el año 2012, si bien la principal diferencia estriba en el establecimiento de un doble sistema de excepciones “ex ante” y “ex post” que evitan la imposición indiscriminada del gravamen. No hay que olvidar que la derogación del “antiguo” sistema de canon vino precipitada por una sentencia del TJUE (caso Padawan, de 21 de octubre de 2010), que consideró contrario a Derecho comunitario un canon que se aplicaba a consumidores finales y a personas jurídicas sin distinción e independientemente del destino de las copias (que en el caso de las personas jurídicas no era el uso privado). El nuevo sistema establece una lista de sujetos exonerados del pago, entre los que se incluyen (i) las entidades que integran el sector público, (ii) las personas jurídicas que actúen como consumidores finales y acrediten el uso exclusivamente profesional de los equipos y soportes, y (iii) las personas que cuenten con la preceptiva autorización de los titulares. Pero además, la nueva regulación prevé un sistema de reembolso para aquellos consumidores finales que, estando obligados al pago, puedan justificar el destino exclusivamente profesional del equipo o su exportación o entrega intracomunitaria.

Por lo demás, el sistema sigue considerando deudores de la compensación a los fabricantes e importadores, y de forma solidaria a los distribuidores que sucesivamente adquieran los dispositivos, aparatos y soportes. En todo caso, el sistema está ideado para que los sujetos deudores puedan repercutir el precio del canon al usuario final que es quien, en su caso, realizará la copia privada.

En cuanto a las tarifas y a la lista de productos gravados se ha establecido un sistema transitorio, que va desde los 0,24 euros por una memoria USB hasta los 6,45 euros para discos multimedia externos. Desde luego, un rango considerablemente más bajo que el de otros países de la UE. Por ejemplo, de acuerdo a esta normativa transitoria, los Smartphones están gravados con 1,10 euros, mientras que en Francia, por ejemplo, el sobreprecio aplicado a estos mismos productos, ronda los 8 euros.

La vuelta al canon supondrá un incremento considerable en las cantidades que las entidades de gestión venían recaudando por este concepto en los últimos años (que de acuerdo al sistema recién abolido era de 5 millones de euros anuales), si bien todo apunta a que nos quedaremos lejos de los 100 millones de euros del año 2009.

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autor: Patricia Mariscal

Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

El Tribunal Supremo ratifica la sentencia comunitaria sobre el canon. Una historia repetida

El pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo español declaró nulas las normas que regulan el sistema de financiación de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado por ser contrarias a derecho comunitario. El sistema hasta ahora vigente fue sometido al examen del TJUE por el propio Tribunal Supremo a través de una serie de cuestiones prejudiciales que fueron resueltas en sentencia de 9 de junio de 2016 (C-470/14). La sentencia del Tribunal Supremo ha dejado un vacío legal que ha de ser cubierto por el Gobierno español en los próximos meses, lo que previsiblemente supondrá una vuelta al sistema de canon anterior.

La Directiva 2001/29/CE establece la obligación a cargo de aquellos Estados que contemplen en sus ordenamientos la excepción de copia privada de regular un sistema de compensación a los titulares afectados por este límite. En España, donde se contempla este límite, desde el año 2006 y hasta el 2016 estuvo vigente un sistema que gravaba con un canon aquellos aparatos, dispositivos y soportes de grabación aptos para la realización de copias privadas. Si bien los obligados al pago eran los fabricantes, distribuidores e importadores de tales aparatos, dispositivos y soportes, el deudor indirecto, y sobre quien recaía realmente el pago de la compensación, era el usuario final, a quien se le repercutía en el precio del producto que adquiría. Este sistema fue objeto de una fuerte campaña de desprestigio social, sobre todo a partir del famoso caso “Padawan” en el que la Audiencia Provincial de Barcelona acabó absolviendo a una empresa informática comercializadora de soportes del pago de una elevada suma de dinero en concepto de compensación equitativa que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) llevaba reclamándole durante años. En aquel asunto intervino el TJUE a petición de la Audiencia Provincial para establecer, entre otras cosas, que en un sistema como el entonces vigente en España ha de existir necesariamente una vinculación entre la aplicación del canon y la utilización de los aparatos, equipos y soportes para la realización de copias privadas. Ello implicaba que el “canon” no podía gravar aparatos, equipos y soportes que explícitamente no tuvieran como finalidad la realización de copias privadas. En el litigio principal la empresa Padawan pudo demostrar que sus productos estaban destinados a un uso profesional y no a la realización de copias privadas.

Fruto sin duda de estas reivindicaciones, que fueron utilizadas políticamente, fue la Disposición Adicional 10ª del Real-Decreto Ley20/2011, de 30 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que vino a derogar el sistema de compensación equitativa mediante canon sustituyéndolo por otro cuya financiación se haría con cargo a los presupuestos generales del Estado. El nuevo sistema no fue objeto de desarrollo reglamentario hasta un año después, cuando se dicta el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, en el que se establece, básicamente, que la cantidad destinada a la compensación equitativa se fijaría de forma anual mediante orden ministerial dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio.

Dos meses más tarde, en febrero de 2013, este Real Decreto fue impugnado por todas las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual españolas ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El recurso pretendía la anulación de la norma con base en dos tipos de motivos: procesales y de fondo. Por un lado, se alegaba que no se habían utilizado para la regulación del nuevo sistema los instrumentos legales adecuados y, por otro, que el sistema era contrario a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 2, letra b, de la Directiva 2001/29/CE. En lo que se refiere a esta segunda cuestión, las demandantes argumentaban que el principio fijado por la jurisprudencia del TJUE de que la compensación equitativa sea sufragada en última instancia por las personas físicas que realizan las copias privadas no se respeta en un sistema como el español en el que la compensación es soportada por todos los contribuyentes sin hacer distinciones. Argumentaban, además, que la financiación de la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado no garantiza el carácter equitativo de la misma.

El 9 de junio de 2016 el TJUE dictó sentencia en la que, contestando únicamente a la primera de las cuestiones planteadas, determinó que el sistema español era contrario a la norma comunitaria.

La sentencia comentada puede considerarse como el colofón a toda una serie de advertencias y pronunciamientos que desde antes de su nacimiento venían anunciando la incompatibilidad del sistema español de financiación de la compensación con cargo a los presupuestos generales del Estado con lo establecido en la Directiva 2001/29/CE. Precisamente, uno de los principales pronunciamientos del TJUE en el asunto Padawan es el de que la compensación equitativa ha de ser soportada por la personas físicas que realizan las copias privadas, sin perjuicio de que en aras a poder hacer efectivo el cobro pueda exigirse su pago a los fabricantes, importadores y distribuidores, quienes posteriormente lo repercutirán en el precio final del producto. Resulta sorprendente que en aquel asunto la sentencia del TJUE se utilizara para tachar de arbitrario e injusto un sistema que, en principio, gravaba de forma indiscriminada todos los soportes y aparatos  aptos para la realización de copias sin tener en cuenta el destino, privado o profesional, de los mismos y que, un año después, el Gobierno español adoptara otro en el que no sólo no se excluye del pago de la compensación a profesionales y personas jurídicas que venden aparatos y soportes de grabación no destinados a la realización de copias privadas, sino que directamente es sufragado por todos los contribuyentes.

Anulado el Real Decreto y declaradas inaplicables las normas que regulan la compensación equitativa por copia privada con cargo a los presupuestos generales del Estado… ¿qué sistema tenemos ahora? Es la pregunta que inevitablemente surge, puesto que la derogación del sistema  actual no implica una “resurrección” de las normas que regulaban el anterior. Actualmente lo que hay es un vacío legal que ha de ser resuelto en un breve espacio de tiempo por el Gobierno español, previsiblemente poniendo nuestro sistema en línea con el de los demás Estados miembros.

N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

El impago de la compensación equitativa por copia privada, considerado como una materia “delictual o cuasidelictual” por el TJUE

La cuestión que se plantea en este asunto (C-572/14) es la de si una demanda que pretende la condena al pago de la compensación equitativa por copia privada a la que se refiere el artículo 5, apartado 2, letra b) de la Directiva 2001/29 puede considerarse una materia delictual o cuasidelictual y, en consecuencia, ser de aplicación el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 sobre competencia judicial en materia civil y mercantil, que constituye una excepción a las regla general de competencia judicial internacional, al permitir en esta materia presentar la demanda en el lugar donde se produce el hecho dañoso con independencia del domicilio del demandado. 

Austro-Mechana es la sociedad austriaca de gestión colectiva de los derechos de los autores de obras musicales encargada de la recaudación de la compensación equitativa que la Ley de propiedad intelectual austriaca (UrhG) anuda al límite de copia privada. Amazon, con domicilio social en Luxemburgo y Alemania, se dedica a la comercialización de productos a través de internet, entre ellos soportes de grabación de los mencionados en el artículo 42 UrhG. Como ya puede intuirse, Austro-Mechana interpuso demanda contra Amazon en reclamación de esta compensación ante los tribunales austriacos, al considerar que ésta, al poner en circulación los soportes por primera vez en Austria, era deudora de esta obligación. La acción fue desestimada tanto en primera instancia como en apelación al considerar el tribunal que el litigio no estaba comprendido dentro del supuesto que contempla el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001, existiendo por tanto una falta de competencia judicial internacional. El asunto es llevado ante el Tribunal Supremo, que decide plantear cuestión prejudicial ante el TJUE. 

Si bien el asunto principal que da lugar al planteamiento de la cuestión prejudicial se circunscribe a un tema de competencia judicial internacional, lo que se pide al TJUE es que se pronuncie sobre la naturaleza jurídica de la obligación prevista tanto en la UrhG austriaca, como en la Directiva 2001/29 de abonar una compensación equitativa en aquellos Estados miembros donde existe el límite de copia privada. En definitiva, lo que se trata de dilucidar es si esta obligación legal o, más concretamente, el incumplimiento de la misma por parte de los sujetos obligados, tiene cabida dentro de lo que se considera materia delictual o cuasidelictual. De la respuesta del TJUE dependerá que Amazon, con domicilio en Alemania, pueda ser demandada ante los tribunales austriacos.
A través de una dilatada jurisprudencia del TJUE, la compensación equitativa por copia privada se ha configurado como un concepto comunitario lo suficientemente amplio como para permitir a los Estados delimitar cuestiones tales como quienes han de ser los sujetos obligados al pago o a quien se puede encomendar la recaudación de este derecho. En este sentido, aunque el que finalmente ha de soportar el pago de esta compensación sea el usuario que realiza las copias y el que ha de verse resarcido económicamente haya de ser el titular del derecho de reproducción, nada impide que una Ley nacional, como es el caso de la austriaca, determine, por razones de operatividad, que sea un intermediario –el sujeto que comercialice por primera vez en Austria los soportes y dispositivos-  el obligado al pago (siempre que luego lo repercuta al usuario), así como que sea una entidad interpuesta –la entidad de gestión- la que recaude esta compensación para posteriormente abonársela a los titulares.

Para poder imputar un hecho dañoso al demandado es preciso probar la existencia de un nexo causal entre el daño y el hecho que lo origina. En este caso, hay un hecho dañoso, que es la no percepción por parte de la entidad de gestión y, por ende, de los titulares de derechos, de la compensación equitativa que les corresponde, y que es imputable a Amazon, obligada al pago. A estos efectos, es irrelevante que quien sufre el daño –el titular de derechos- no sea el perceptor directo del pago, así como que quien produce el daño –Amazon- no sea quien en última instancia soporta el pago de la compensación. Así pues, el TJUE considera que una demanda para la condena al pago de una compensación debida en virtud de una normativa nacional que da aplicación al sistema de compensación equitativa regulado en el artículo 5, apartado 2, letra b de la Directiva 2001/29/CE queda comprendida en la “materia delictual o cuasidelictual” a que se refiere el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001.

Sentado lo anterior, corresponde al Tribunal austriaco determinar si el hecho dañoso se ha producido en Austria, en cuyo caso, en aplicación del referido precepto del Reglamento comunitario, serían competentes los tribunales austriacos.


N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog


Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

Se fija en cinco millones de euros la cuantía de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2013

Se acaba de publicar en el BOE la Orden ECD/2166/2014, de 14 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2013. 

Nada nuevo se dice en esta disposición, que se limita a aplicar al Presupuesto de 2013 las cantidades previamente fijadas en la Orden ECD/2128/2013, de 14 de noviembre de 2013. Cabe destacar, no obstante, la distribución de esa cantidad entre las tres modalidades de reproducción, correspondiendo el 37% a los videogramas, el 33,6% a los fonogramas y casi el 29% a los libros.

Como se recordará, el polémico sistema de financiación de la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, instaurado por el R.D. Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, fue objeto de desarrollo reglamentario en el Real Decreto 1657/2012, de 7 de diciembre. Esta disposición establecía un régimen transitorio para facilitar el definitivo abandono del sistema anterior, en el que la recaudación se obtenía a través de gravámenes sobre equipos, aparatos y soportes de reproducción hacia uno nuevo financiado por todos los ciudadanos a través del Presupuesto General. Fundamentalmente, la transición de un sistema a otro se llevó a cabo mediante un procedimiento de concesión de entregas a cuenta a las entidades de gestión en concepto de compensación equitativa correspondiente al ejercicio 2012. Tal y como se fijaba en la Disposición transitoria 2ª del Real Decreto, si el importe de estas entregas a cuenta fuera inferior a la liquidación definitiva del ejercicio 2012, la diferencia sería imputada al concepto presupuestario correspondiente del ejercicio del año siguiente. Dado que la cuantía final para el 2012 se fijó en 8.636.728,09 euros y las entregas a cuenta se hicieron por un total de 3.636.728,09 euros, los cinco millones restantes son los que ahora se aplican al ejercicio del 2013.

Si bien esta cantidad dista mucho de los 115 millones que se venían recaudando con anterioridad a 2011, el panorama puede empeorar aún más en los años venideros como consecuencia de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que entrará en vigor el próximo mes de enero y uno de cuyos puntos fundamentales consiste en restringir al máximo el concepto de copia privada. Esta restricción del límite serviría para justificar una asignación presupuestaria aún menor. Con todo, no pueden perderse de vista las cuestiones prejudiciales que sobre la financiación de la copia privada en España ha planteado nuestro Tribunal Supremo ante el TJUE y cuya resolución podría hacer peligrar el sistema actual. 



Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/

El TJUE vuelve a respaldar el sistema de compensación por copia privada mediante “canon”. Caso VG Wort


El límite de copia privada y la compensación equitativa previstos en la Directiva 2001/29/CE vuelven a ser objeto de interpretación por el Tribunal de Justicia en esta sentencia, que viene a perfilar lo ya dicho en las anteriores de 21 de octubre de 2010 y 16 de junio de 2011 (asuntos C-467/08 “Padawan” y C-462/09 “Stichting”).

En la presente (caso C-457/11 a C-460/11) el Tribunal da contestación a varias cuestiones planteadas por el Bundesgerischtshof alemán, en el curso de un procedimiento iniciado por VG Wort – la entidad de gestión colectiva de los autores y editores de obras literarias en Alemania – contra varias casas fabricantes de ordenadores, impresoras y demás material informático (concretamente Kyocera, Epson y Xerox). 

El litigio traía causa de las cantidades debidas por estas compañías en concepto de compensación equitativa por copia privada a la entidad de gestión demandante durante los años 2001 a 2007. La cuestión llega ante el Alto Tribunal alemán, que requiere para su resolución de la interpretación por parte del TJUE de algunas cuestiones relativas al límite previsto en el artículo 5.2 de la llamada Directiva de la sociedad de la Información. Varios son los temas abordados en esta resolución:

1) Aplicación temporal de la Directiva 2001/20/CE

En primer término, se plantea una cuestión relativa al momento en que los órganos jurisdiccionales nacionales deben interpretar su derecho interno de conformidad con lo dispuesto en una Directiva. 

Concretamente, el Tribunal alemán se pregunta si la Directiva 2001/29/CE tiene aplicación en Alemania desde su entrada en vigor o bien desde el momento de expiración del plazo para su transposición. 

Pues bien, según el TJUE, la obligación de interpretar el derecho nacional de acuerdo a lo establecido en una determinada Directiva es exigible únicamente desde la fecha en que expira el plazo para su transposición.

2) Incidencia de la autorización por parte del titular y de la aplicación de medidas tecnológicas en la obligación de pago de la compensación.

En las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta se pregunta al Tribunal sobre la eventual incidencia que puedan tener ciertas circunstancias en la subsistencia de la obligación de pago de la compensación equitativa a los titulares de derechos. Concretamente se plantea si el hecho de que un titular haya autorizado la reproducción de su obra tiene repercusiones en la compensación equitativa que se establece y, si tal fuera el caso, podría llegar a suprimirse. 

La respuesta del Tribunal a este respecto es clara: en el supuesto de que un Estado miembro –tal es el caso de Alemania- haya decidido excluir, en virtud del citado artículo 5.2, el derecho del titular a autorizar la reproducción de sus obras o prestaciones en determinadas circunstancias, un eventual acto de autorización adoptado por éste carece de efectos jurídicos en el referido Estado. 

Otro tanto se puede decir para el caso de que el titular haya adoptado medidas tecnológicas dirigidas a impedir la copia de sus obras: la compensación equitativa no se elimina, pues estas medidas son perfectamente compatibles con la excepción de copia privada. 

Ahora bien, nada impide que el Estado miembro pueda hacer depender el nivel concreto de la compensación en función de la aplicación o no de tales medidas tecnológicas.


3) Soporte y medio a través del que se realiza la copia privada

Mediante las cuestiones prejudiciales primera y segunda se pide al Tribunal de Justicia que se pronuncia sobre si una reproducción llevada a cabo por un ordenador personal y una impresora, conectados entre sí, es una copia privada susceptible de generar la obligación de pagar una compensación equitativa. 

Respecto de esta cuestión, el Tribunal diferencia entre el soporte (elemento material sobre el que se reproduce una obra) y el medio (proceso) de reproducción. 

Si bien este último puede ser cualquiera que permita llegar a un resultado similar que el obtenido mediante la técnica fotográfica, la copia privada únicamente puede llevarse a cabo a partir de un soporte analógico (papel). 

Ello se traduce en que no es copia privada la realizada de un archivo contenido en un ordenador, si bien éste si puede ser utilizado conjuntamente con una impresora, reproducir un documento en formato analógico.

4) Sujetos obligados al pago y deudores de la compensación equitativa

Por último, se plantea la cuestión relativa a la famosa dicotomía “obligado al pago/deudor” de la compensación. 

Tal y como quedó establecido en los asuntos “Padawan” y “Stichting”, incumbe al que causa el perjuicio reparar el perjuicio sufrido, financiando la compensación que se abonará al titular. 

Sin embargo, nada impide, habida cuenta las dificultades prácticas asociadas a este sistema de compensación, que los Estados miembros puedan cobrar tal compensación gravando a quienes fabrican, importan o distribuyen los equipos, aparatos y soportes de reproducción, que a su vez repercutirán este coste sobre los usuarios privados.



Visite nuestra página web: http://www.elzaburu.es/