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Elzaburu, de nuevo entre los despachos de abogados más reputados de España

La firma volvió a situarse por encima de los 14 millones de euros anuales de volumen de negocio en 2015

Madrid, 1 de Junio de 2016. El ranking realizado cada año por el diario Expansión ha vuelto a destacar a Elzaburu entre los despachos más prestigiosos de España. De este modo, los 14 millones de euros de volumen de negocio colocan al despacho entre los 20 mejores despachos españoles.

Asimismo, la firma continúa con su proceso de expansión, incrementando en un 14,3% el número de letrados en plantilla. Este dato posiciona a Elzaburu entre los 25 despachos con sede en España que más incrementó su plantilla el pasado 2015.

Por otro lado, Elzaburu se coloca en el puesto número 14 de facturación por profesional, ascendiendo a una suma total de 235.000 euros por profesional, cifra muy superior a la media de facturación por profesional de los despachos españoles, que en 2015 se situó en 190.867 euros. En este sentido, y atendiendo únicamente a la cifra de letrados por despacho, Elzaburu asciende al puesto 10 en facturación por profesional.

Un año más se demuestra que la experiencia y profesionalidad de Elzaburu continúan siendo los estandartes de la firma, colocándola así entre las mejores de España.  


Nueva multa impuesta a distintas entidades de gestión colectiva de derechos de autor

El 26 de noviembre de 2015, la autoridad de la Competencia española ha impuesto una nueva multa a entidades de gestión colectiva españolas. En esta ocasión afecta a dos organizaciones, la representante de las compañías discográficas (AGEDI) y la que representa a los intérpretes de música (AIE), que actúan sin competencia en ambos sectores.

En opinión de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) ambas entidades abusan de su posición dominante al incrementar de forma desproporcionada las tarifas por el derecho de remuneración exigido a las compañías radiofónicas y discriminar sin justificación a organismos de radiodifusión que compiten en el mercado.

La doctrina desplegada por la Comisión en este caso sigue previos pronunciamientos sobre tarifas de entidades de gestión colectiva, pero resulta interesante por la forma en que aborda el expediente –semejante al de un órgano supervisor- y las modulaciones que introduce en algún pronunciamiento anterior a la luz, sin duda, de la reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual y su novedoso régimen sobre tarifas de entidades de gestión.

En este caso, como es habitual en los supuestos de tarifas para organismos de radiodifusión, las tarifas generales de AGEDI/AIE obligan a las emisoras de radio a pagar un porcentaje de los ingresos de explotación pero con una serie de importes mínimos para el supuesto de que el resultado de aplicar el porcentaje sea inferior a esos umbrales ínfimos.

Estas condiciones son las que aplicaba AGEDI/AIE a las emisoras de radio privadas en virtud a un convenio suscrito con la Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) en el año 2006. El Convenio fue denunciado por AGEDI/AIE en el año 2009 con una clara voluntad por parte de las entidades de gestión de incrementar la tarifa de sus licencias. A estos efectos, las entidades habían encargado a una consultora económica un estudio denominado “El valor de la música en la radio en España” que intentaba acreditar que la música aporta un valor muy superior al que satisfacían las emisoras. Según explica la resolución, el estudio reproducía el modelo económico aplicado en Canadá por los profesores Paul Audley y Marcel Boyer por encargo de la Neighbouring Rights Collective of Canada (NRCC). El Estudio, por lo demás, comprendía un análisis comparativo de tarifas europeas similares a fin de explicar que el precio pagado en España se encontraba en los niveles inferiores de los satisfechos por emisoras de radio en buena parte de los países comunitarios.

Naturalmente, la pretensión de AGEDI/AIE se encontró con la firme negativa de los radiodifusores que no encontraban motivo al incremento de precios si no se había producido circunstancia modificativa de las prestaciones que recibían.

La imposibilidad de alcanzar un acuerdo con las radios privadas no se reprodujo, sin embargo, en las negociaciones entre AGEDI/AIE con las radios públicas. De hecho, estas emisoras, agrupadas en la asociación conocida como “FORTA”, suscribieron en el año 2012 un convenio aplicable desde 2009, aunque, según parece, el incremento tarifario no era real.

El Convenio conllevaba un incremento notable en los porcentajes que las emisoras públicas deberían pagar sobre sus ingresos, si se compara con las tarifas anteriores. Conviene, sin embargo, subrayar que el notable aumento del porcentaje se equilibraba sustancialmente con la introducción de una deducción por servicio público que conducía a que no formaran parte de la base de cálculo sobre la que se aplica el porcentaje el 35% del total de las subvenciones que reciben estas emisoras y el 10% de los ingresos publicitarios. El convenio contemplaba, además, unas bonificaciones accesorias que podrán llegar al 21%, siendo la más significativa la relativa a un 13% por formar parte de la asociación FORTA.

¿Qué incremento suponía este nuevo marco tarifario?

Del análisis del cambio tarifario, la autoridad de la competencia dedujo que su aplicación a las emisoras privadas conllevaría unos incrementos de los porcentajes que se movían entre el 57,69% para las emisoras con menor música hasta el 194% para las que se basan esencialmente en música.

La Dirección de la Competencia apreció que la conducta de AGEDI/AIE resultaba un abuso de su posición dominante tanto por fijar tarifas inequitativas como por tratar de forma discriminatoria a los operadores radiofónicos.

La conducta ilícita se habría traducido en dos comportamientos en opinión de la Competencia.

El primer ilícito derivaría de llevar a cabo una política tarifaria discriminatoria ante las radios independientes y ante las radios privadas asociadas en la AERC.

(i)     La primera discriminación derivaría de otorgar peores condiciones a las emisoras independientes que  a las emisoras asociadas. La tarifa general de las entidades de gestión, aplicable a las emisoras que no puedan reivindicar las pactadas con una asociación, son sensiblemente peores: la base de cálculo es mayor, no existe graduación tarifaria por tramos de uso de música, las emisoras no tienen la posibilidad de disfrutar de descuentos entre otras diferencias o los mínimos son sensiblemente superiores. Todo ello revelaría una clara discriminación para las emisoras que no formen parte de asociaciones.

(ii)   El segundo acto discriminatorio se produce por la diferencia entre el trato concedido a las radios públicas asociadas en FORTA y el practicado a las emisoras privadas agrupadas en AERC. La Comisión observa que el resultado final de la tarifa aplicado a las radios públicas, que tiene un tipo mayor pero sobre una base con deducciones, da lugar, en la práctica, a que la radio pública pague un porcentaje menor. La CNMC sigue en este punto su línea de actuación pasada  preocupada por el resultado final y poco atenta a las finuras formales.

La segunda conducta censurada por la Competencia es la que deriva de abusar de la posición de dominio para imponer tarifas inequitativas y que consiste en tratar de imponer un incremento considerable de precio que no está justificado económicamente. El análisis de la CNMC también se alinea con su doctrina en casos anteriores de incrementos tarifarios llevados a cabo por las entidades de gestión. El primero data ya de 1987 (Expediente 230/87) cuando la mayor de estas entidades elevó sus tarifas para las grandes superficies, pero los casos similares han sido numerosos. Ahora bien, aunque la doctrina es uniforme, resulta llamativo que, en este caso, la Comisión haga su declaración sobre la base del incremento introducido en el Convenio suscrito por las entidades de gestión y una asociación de emisoras (FORTA) que, en principio, fue concluido voluntariamente. Acaso habría resultado más explicable si hubiera alcanzado la misma conclusión pero, pero sobre el objeto de la denuncia que era la pretensión de aplicar a las emisoras privadas unos incrementos tarifarios con independencia de su presencia en un Convenio con la otra asociación.

En relación con el abuso practicado por el incremento tarifario, la resolución ancla su doctrina, como en otras ocasiones, en las declaraciones del Tribunal de Justicia que exigen a las empresas en posición dominante “que los precios que apliquen guarden relación con el valor económico del producto o servicio suministrado”, citando los casos General Motors (26/75) o United Brands (27/76).

La doctrina sobre incrementos tarifarios no es nueva y ya la dejó asentada el viejo Tribunal de la Competencia español cuando la mayor entidad de gestión colectiva, en un caso muy similar a éste, incrementó tanto la base de pago como su tarifa porcentual (Resolución de 7 de julio de 1991).

Lo novedoso de este caso es que la justificación presentada por las entidades sancionadas se fundamenta en un modelo económico realizado por una reputada firma consultora y un  análisis de tarifas internacionales que, según las denunciadas, acreditaría que la tarifa española estaba entre las más bajas de Europa.

N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog


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Los modelos de utilidad en la nueva Ley de Patentes: los productos químicos y el abrelatas juntos por primera vez (V)


Una de las novedades más llamativas de la nueva Ley de Patentes es la ampliación del ámbito de la materia que podrá protegerse como modelo de utilidad. En efecto, la nueva definición de “modelos de utilidad” incluye el término “composición”, lo cual implica su ampliación a cualquier producto o composición, incluyendo productos químicos, sustancias o composiciones, pero excluyendo invenciones que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas, según matiza la propia Ley.

Este nuevo aspecto de los modelos de utilidad promete dar bastante juego en el futuro, ya que, por un lado, las fronteras entre los productos incluidos y excluidos son, en algunos casos, difusas, y, por otro lado, el mantenimiento de la menor exigencia de actividad inventiva para los modelos de utilidad puede resultar problemática al aplicarse a productos químicos (de hecho, ya resulta controvertida al aplicarse a invenciones de tipo mecánico).

Por tanto, tendremos que acostumbrarnos a ver que en el BOPI las pequeñas invenciones mecánicas que han sido tradicionalmente el objeto de esta modalidad de propiedad industrial (como, por ejemplo, un abrelatas) se alternarán con productos químicos, cuyos solicitantes decidan protegerlos por esta vía.

Pero no todas las novedades que afectarán a los modelos de utilidad son tan controvertidas. Por ejemplo, se pone fin al requisito de novedad relativa en España al equipararse el estado de la técnica con el exigido para las patentes, lo cual permitirá delimitar con claridad los documentos que son técnica anterior para un modelo de utilidad a efectos de determinar su novedad y actividad inventiva, y terminar con la situación de incertidumbre creada por la anterior Ley de Patentes.

Otra novedad significativa es la posibilidad de solicitar Informes sobre el Estado de la Técnica (IETs) para modelos de utilidad, incluyendo la correspondiente Opinión Escrita. Estos IETs en modelos de utilidad serán necesarios para dar efectividad a los derechos de exclusiva obtenidos con su registro (por ejemplo, dentro de un proceso de demanda por infracción contra un tercero).

En cuanto al procedimiento de concesión, éste no ha tenido cambios significativos, aunque es de destacar que con la nueva Ley habrá, dentro del procedimiento de oposición, la posibilidad de solicitar una prórroga de 2 meses para completar la oposición, aportando pruebas o completando las alegaciones iniciales. Asimismo, un aspecto novedoso (¡y positivo!) es que el examen de las oposiciones lo realizará una Comisión compuesta por tres expertos de la OEPM técnicamente cualificados, que podría completarse con un jurista.

Y con todas estas novedades, ¿cuál será el futuro de los modelos de utilidad en España? En principio, la ampliación a productos químicos, la posibilidad de reivindicar una prioridad interna y el examen sustantivo obligatorio para las patentes, que puede hacer que algunos solicitantes opten por un modelo de utilidad para su invención, parece que invertirán la tendencia decreciente de los últimos años.

Lo que sí parece claro es que, de nuevo, los modelos de utilidad prometen no decepcionar y dejan una puerta abierta a posibles interpretaciones en algunos aspectos por parte de solicitantes, agentes, examinadores y jueces, que habrá que ver cómo se resuelven en el futuro.

Entregas referidas a la nueva Ley de Patentes: 
V. Los modelos de utilidad en la nueva Ley de Patentes: los productos químicos y el abrelatas juntos por primera vez (Pedro Saturio) 

Autor: Pedro Saturio

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Con la Iglesia han topado … los ciberpiratas!

The 10 commandments
de John Taylor
vía Flickr
¿Hace falta decir que cualquier mensaje que contribuya a reforzar la sensibilidad social hacia la lucha contra la piratería comercial es positivo, necesario y urgente?  La Conferencia Episcopal Española (CEMCS) acaba de hacer público un documento, con ocasión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que dista mucho de resultar una anécdota.

Bajo el título “La piratería en el cine, una mirada desde la Doctrina Social de la Iglesia”, el documento examina el fenómeno de la defraudación de los derechos de propiedad intelectual a la luz de los mandamientos.

La Iglesia empieza por reconocer el valor cultural del mundo del cine y la importancia de la labor creativa que el medio despliega. Para la Iglesia el cine es una industria cultural “que contribuye al bien común por medio de la reflexión, el diálogo, la exposición de ideas o de puntos de vista alternativos, la descripción de la naturaleza humana y de su dignidad”.

A continuación la Comisión Episcopal denuncia que la piratería en el cine recibe frecuentemente una consideración “relativista y utilitaria”. En su lugar, la Iglesia propone una aproximación al problema desde una “conciencia moral” que ponga en valor la dimensión social de los bienes intelectuales y culturales.

Es lógico que desde este punto de vista moral, la piratería no pueda calificarse sino como un pecado contra el 7º mandamiento (“no robarás”). Y no por obvia esta proclamación deja de ser importante. Pero no es la única sorpresa que nos regala este documento.

Para los obispos, la piratería inflige un daño al bien común de la sociedad (pues la industria del cine se resiente y no puede desarrollar su labor creativa) y la piratería daña además “al ser humano en su esencial dignidad” (puesto que es una forma de actuar ligada al consumo por el consumo).

En ocasiones Internet ha sido contemplada como una verdadera “religión”, con apóstoles y mártires de una supuesta “causa digital”. Pues bien que se sepa bien claro que para la Religión Católica, que pasa por ser la verdadera, los desvíos en el uso de la red –como es el fenómeno de la piratería- atentan contra los mandamientos y constituyen pecado.

A más de las sanciones que el ordenamiento arbitra para este tipo de delincuencia, los piratas se exponen a partir de ahora a una consecuencia más severa, por su duración: la mismísima condena eterna a las penas del infierno.



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El impacto económico del comercio mundial de productos falsificados: imposible mirar hacia otro lado

El pasado día 18 fue presentado el estudio en la sede de la OCDE en París “Comercio de productos falsificados y pirateados: calibrando el impacto económico” elaborado conjuntamente por la OCDE y la UEIPO. La publicación de este estudio se produjo en la víspera del inicio del 2016 OECD Integrity Forum que se desarrolló los días 19 y 20 de abril de 2016.

Ambas instituciones han analizado la información de casi medio millón de retenciones aduaneras en todo el mundo desde 2010 a 2013 y han elaborado el estudio más riguroso hasta la fecha de estimación del tráfico mundial de productos falsificados.

Los resultados del estudio se refieren a retenciones aduaneras, no incluyendo productos falsificados y paralelos producidos y consumidos en el interior del país ni los productos digitales pirateados en Internet. Resaltamos algunos datos en dicho estudio:

– el tráfico internacional de productos falsificados o pirateados en 2013 representaron el 2,5 % del total del comercio mundial por valor de 461.000 millones de USD. Esta cantidad equivale al PIB de Austria o el PIB combinado de Irlanda y la República Checa, lo que da una clara idea de los posibles ingresos económicos que obtienen las organizaciones criminales envueltas en este comercio.

– la importación en EU de este tipo de productos en 2013 alcanzó el 5 % del total de las importaciones con valor de 85.000 millones de euros (116.000 millones USD), lo que sugiere que las falsificaciones en la UE tienen el doble de impacto que en el total mundial.

– la falsificación y la piratería tienen gran importancia en una economía global impulsada por la innovación, suponiendo la principal amenaza a la economía basada en el conocimiento. La protección y defensa de la propiedad industrial e intelectual es uno de los principales impulsores de la innovación, contribuyendo al crecimiento económico a largo plazo.

– los falsificadores y los piratas maximizan sus beneficios dirigiéndose a todos los segmentos de mercado: tanto a los compradores que creen comprar un producto original (mercado primario) como a los que directamente quieren comprar productos falsificados (mercado secundario).

– cualquier producto en el que la propiedad industrial e intelectual añada valor económico y cree diferencias de precios se convierte en objetivo para los falsificadores, afectando a cualquier tipo de producto, tanto para consumidores de productos de lujo como para empresas y consumidores normales.

– la falsificación y piratería es un fenómeno global y dinámico que se apoya en la recuperación del comercio tras la crisis, la apertura de mercados en muchas regiones, la aparición y globalización de cadenas de valor y la explosión del comercio electrónico.

– este tipo de productos se originan prácticamente en todas las economías en todos los continentes, siendo China la mayor economía productora.

– los países cuyas empresas han sido más golpeadas por el comercio de productos falsificados y pirateados son los siguientes: Estados Unidos (20%); Italia (15%); Francia y Suiza (12%); Japón y Alemania (8%); Reino Unido (4%); Luxemburgo (3%); Finlandia, España y Bélgica (2%) y China (1%). Algunos países emergentes cuyas compañías innovadoras se apoyan en la propiedad industrial e intelectual para basar su estrategia global de desarrollo también sufren este tipo de infracciones.

– las rutas comerciales de los productos falsificados y pirateados son complejas y son objeto de cambios dinámicos a través de puntos de tránsito, algunos de estos en economías con un gobierno débil o con fuerte presencia de organizaciones criminales o redes terroristas, como Afganistán y Siria, con cambios cada año para explotar los resquicios y ausencias de control que se presenten en cada momento.

– continuo aumento del porcentaje de pequeños envíos, principalmente a través de envíos postales o empresas de mensajería, debido a la creciente importancia de Internet y el comercio-e en el comercio mundial. Por un lado, los traficantes se benefician del descenso de costes en este tipo de envíos, evitando su detección y minimizando los riesgos de sanción, mientras que, por otro lado, se aumentan los costes operacionales de control y detención por las aduanas debido al enorme volumen de envíos.


Los distintos países pueden y deben establecer, de forma individual o conjunta, soluciones políticas y de protección efectiva frente a este fenómeno global que afecta no sólo al titular del derecho de propiedad industrial e intelectual sino al propio Estado y a la sociedad en su conjunto. Como pone de manifiesto el documento de base para el 2016 OECD Integrity Forum, los costes de la inacción son significativos, ya que exponen a la sociedad a las amenazas globales engendradas por el lado oscuro de la globalización, en el que la ausencia de controles efectivos de integridad en las administraciones aduaneras pueden beneficiar al crimen organizado permitiendo prosperar el tráfico ilícito y el contrabando, que incluye tanto productos prohibidos como falsificados, estimando que las pérdidas de ingresos aduaneros por la corrupción en ese sector en los Estados miembros de la OCDE alcanzan un mínimo de 2.000 millones USD cada año. Una cifra que no permite mirar hacia otro lado.


N.BVersión española del artículo publicado en el Managing IP Blog



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