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Los Juzgados de lo Mercantil mueven ficha

El BOE de este penúltimo día del año viene con sorpresa: la publicación del Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por el que se designan juzgados especializados para conocer de los pleitos en materia de propiedad industrial en las siguientes Comunidades autónomas:

  
Tribunal Superior de Justicia
Juzgado/s designado/s



Cataluña

Juzgados de lo Mercantil números 1, 4 y 5 de Barcelona: patente y diseño industrial

Juzgados de lo Mercantil números 2, 6, 8 y 9: marcas


Madrid

Juzgados de lo Mercantil números 7, 8, 9 y 10 de Madrid



Comunidad Valenciana

Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia: patentes.

Juzgados de lo Mercantil números 1 y 3: marcas y diseño industrial.


La decisión trae causa del riesgo (relativo y según se mire) de migración de los pleitos a Barcelona que trajo consigo la promulgación de la nueva Ley 24/2015 de patentes.

La medida será aplicable, en línea con la entrada en vigor de la nueva Ley, en abril de 2017.

Queda por ver si el alcance limitado de la especialización supone la concentración en Madrid, Barcelona y Valencia de los pleitos (con el añadido de Alicante) y la exclusión de otras Comunidades Autónomas. Pero eso es otra historia. De momento cabe saludar con alivio y aplauso la decisión del CGPJ.



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La armonización del plazo de protección de los derechos de autor no puede ser usado para revivir derechos en el dominio público

En una reciente sentencia (caso C-169/15) el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la Directiva 93/98/CEE sobre armonización del plazo de protección de los derechos de autor dentro la UE no tiene como efecto rescatar o revivir aquellos que con anterioridad a su fecha de entrada en vigor (1 de julio de 1995) se encontrasen, por cualquier motivo, en el dominio público en todos los países de la Unión. A estos efectos resulta indiferente que la pérdida de derechos con anterioridad a la fecha referida se haya producido por la aplicación de una legislación nacional que exige unas formalidades para la subsistencia de los derechos sobre una obra que son contrarias al Convenio de Berna.

El litigio principal que da lugar a la cuestión prejudicial enfrenta a la sociedad neerlandesa Montis Design, titular de los derechos –luego veremos cuáles- sobre una silla de comedor –Chaplin- y un sillón –Charly- con la compañía Goossens, propietaria de varias tiendas de muebles en Países Bajos, por la venta del modelo de silla “Beat” que supuestamente infringe los derechos de autor sobre la silla y el sillón de Montis.
Silla Beat

Silla Chaplin

Desde el año 1988 Montis contaba con el registro de ambos muebles como diseños internacionales. De acuerdo con la ley holandesa vigente en aquel momento (artículos 21.3 y 24 de la LBDM), un dibujo o modelo que gozara de carácter artístico podía estar protegido simultáneamente como diseño y por Derecho de autor, si bien la extinción del derecho sobre el diseño derivada del transcurso del plazo de protección (5 años) llevaba consigo la extinción simultánea del derecho de autor si el titular del dibujo o modelo no presentaba una declaración especial para mantener sus derechos de autor.

Dado que Montis no presentó nunca ninguna declaración, tanto los derechos sobre el diseño como los derechos de autor habrían quedado extinguidos en el año 1993.

La cuestión que lleva al Hoge Raad a suspender el litigio principal y elevar sus dudas al TJUE es fundamentalmente ésta: si como consecuencia de la derogación de una normativa nacional contraria al Convenio de Berna, el plazo de 70 años previsto en la Directiva 93/98 podría aplicarse a obras que a fecha de 1 de julio de 1995 se encontraban en el dominio público precisamente por haberles sido aplicada la normativa derogada.

Pues bien, según el TJUE, el plazo de 70 años p.m.a. que fija la Directiva 93/98 no puede ser de aplicación a los asientos objeto del litigio porque no se cumple ninguno de los dos requisitos que exige el apartado 2 del artículo 10: o bien que las obras se encuentren protegidas en al menos un Estado miembros a fecha de 1 de julio de 1995, o bien que cumplan los requisitos para acogerse a la protección de la Directiva 92/100.

Ciertamente, el tenor del artículo 10 apartado 2 de la Directiva 93/98 deja poco lugar a la duda: “Los plazos de protección contemplados en la presente Directiva se aplicarán a todas las obras y temas que estén protegidos en al menos un Estado miembros en la fecha a que se refiere el apartado 1 del artículo 13 [1 de julio de 1995] en virtud de la aplicación de disposiciones nacionales en materia de derechos de autor o derechos afines…” Si tal como quedó acreditado en el litigio principal las obras en cuestión no se encontraban protegidas en ningún Estado miembro a fecha de 1 de julio de 1995, no es posible aplicarles el plazo de protección de 70 años p.m.a. que establece la Directiva de duración. Como argumenta el TJUE no pueden extraerse consecuencias jurídicas distintas de una norma que el legislador comunitario estableció de forma tan clara. Sin embargo, no deja de llamar la atención el hecho de que la causa de que no pueda aplicarse este plazo sea el incumplimiento de una formalidad exigida por una norma nacional aparentemente contraria al Convenio de Berna y, por ende, contraria al derecho comunitario. Esto es algo que no pasa por alto el TJUE, frente a lo cual argumenta que los principios del Convenio de Berna no son vinculantes para la Unión hasta 1996. El argumento no parece del todo convincente porque en todo caso el conflicto entre la norma comunitaria y la nacional se habría producido a partir de ese momento.

Pese a llegar a conclusiones opuestas, tanto el Tribunal de Justicia como el Abogado general parten de la premisa de que la normativa neerlandesa, que subodirna la protección por derecho de autor de unos diseños a la presentación de una declaración y el pago de una tasa, es contraria al Convenio de Berna. Sin embargo, llama la atención que no se haya tenido en cuenta la regulación específica que tienen los diseños –pues en todo caso estamos hablando de una silla y de un sillón- dentro del referido Convenio. Su artículo 2.7 reserva a las legislaciones de los Estados miembros la facultad de regular todo lo relativo a los requisitos de protección de las artes aplicadas, dibujos y modelos. Esta libertad que se deja a los Estados permite sujetar la protección de estas obras a condiciones que pueden no respetar alguno de los principios que se establecen iure conventionis, como es la ausencia de formalidades. El artículo 2.7 del Convenio constituiría una excepción a la norma general contenida en el artículo 5.2, resultando que una norma como la neerlandesa sería conforme con el Convenio. La conclusión a que conduce esta argumentación es la misma a la que llega el Tribunal: el artículo 10.2 de la Directiva 93/98 no se opone a una normative como la neerlandesa. Sin embargo, la argumentación del TJUE no descansa en las peculiaridades regulatorias de los diseños y, por tanto, tiene una pretensión de aplicarse a todo tipo de obras. Si en vez de tratarse de una silla y de un sillón el objeto del litigio hubiera sido una obra literaria… ¿podría llegarse a la misma conclusión? En tal caso, aun aplicando el razonamiento del TJUE, es probable que la obra hubiese podido gozar del plazo ampliado de 70 años pues posiblemente hubiese sido más sencillo acreditar que los derechos sobre la misma se encontraban en vigor en algún otro Estado miembro.   

N.BVersión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog



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Brexit: Perspectivas en materia de protección de datos

La opción tomada por los ciudadanos británicos en el referéndum del pasado 23 de junio de 2016 tiene múltiples consecuencias, muchas de ellas jurídicas. Algunas han sido ya abordadas, pero se ha relegado a un segundo plano lo que el denominado Brexit puede significar para un derecho de los ciudadanos europeos como es la privacidad y la protección de datos.

El marco regulatorio de protección de datos en la Unión Europea confería una total libertad de circulación a los datos dentro de las fronteras de los 28 países miembros. Así, la salida del Reino Unido de la Unión, y por tanto, de ese entorno legislativo, va a provocar que se considere a los radicados en las islas como establecidos en un tercer país, lidiando con controversias como las actualmente existentes con Estados Unidos. En resumidas cuentas, enviar datos de cualquier país de la Unión a Reino Unido constituirá una transferencia internacional de datos, con los efectos legales que ello conlleva.

Es evidente que, dada la importancia que tiene el tratamiento masivo de datos para una empresa de cualquier tipo de industria, Reino Unido no va a mantenerse distante respecto de sus antiguos compañeros, pues no interactuar en este campo con la Unión le dejaría en fuera de juego en un campo de vital importancia para la economía.

Ante esta situación se abre una clara incertidumbre, que habrá de ser resuelta por el gobierno británico en los próximos meses, en torno a la decisión que se adoptará en materia de protección de datos desde el Estado insular.

Antes de nada, hay que comprender la situación legislativa del Reino Unido en esta materia. En la actualidad, la norma aplicable a la protección de datos a nivel nacional es la UK Data Protection Act de 1998, producto de la transposición de la directiva europea de protección de datos de 1995, por lo que implanta los conceptos y principios fundamentales que se utilizan en las normativas europeas de protección de datos en toda Europa. También es relevante la UK Electronic Communications Act, que regula cuestiones de firma electrónica provenientes de la directiva de 1999, transacciones y comunicaciones electrónicas, apoyada en los textos que transpusieron la directiva de comercio electrónico del año 2000. Como puede verse, el marco legislativo actual no dista mucho del que existe en los otros 27 países gracias a la transposición de varias directivas.


A primera vista, la reacción previsible es que se considere al Reino Unido un país con un nivel de protección seguro en protección de datos, no habiendo demasiados problemas para mantener la situación actual, puesto que su normativa está actualmente adaptada a la Europea, siendo muy próxima a la de los otros 27. Claro que esto depende de varios factores: en primer lugar, el gobierno británico cambia, por lo que no conocemos las intenciones de próximos ocupantes del número 10 de Downing Street, así que es factible pensar en un cambio de política legislativa en cuanto a la protección de datos, rompiendo así de manera más drástica los lazos les unían con la Unión. Otra variable a considerar es que la declaración como país con nivel de protección suficiente depende de la aprobación de la Comisión Europea, teniendo que llevarse a cabo por un procedimiento regulado, habiendo de estudiarse numerosos elementos como el funcionamiento de una autoridad de control, la jurisprudencia acerca del tema, los compromisos internacionales del país; además de que ha de revisarse el acuerdo cada cuatro años.

Suponiendo que la segunda opción, más realista y conservadora, sea la que se dé de manera efectiva, la coyuntura no estaría exenta de problemas. La necesidad de la declaración de la Comisión a la que se hacía referencia puede provocar que, en el intervalo de tiempo que exista entre la salida efectiva de la Unión y la aprobación del acuerdo, Reino Unido sea un tercer país y los movimientos al mismo sean transferencias internacionales de datos. Aquí se abriría un intervalo de tiempo indeterminado en el que las empresas de ambas partes tendrían que regularizar sus operaciones para cumplir con una normativa de transición con fecha de caducidad indeterminada. En resumen, demasiados cambios y obligaciones para un espacio de tiempo relativamente corto. A esto hay que sumarle que la normativa y las prácticas del Estado británico en materia de protección de datos serán vigiladas de forma detallada por los reguladores de la Unión, sometiéndose a un escrutinio minucioso.

No cabe olvidar que esta pugna tiene dos bandos, así que la reacción de la Unión Europea ha de ser valorada. Puesto que, si se produce la salida efectiva, será la Comisión la que deberá valorar un acuerdo que declare a Reino Unido como una especie de “puerto seguro”, la institución europea puede exigir unos estándares tremendamente exigentes con su excompañero. Así, el lado europeo tiene la capacidad de someter la normativa británica a un análisis pormenorizado que les degrade en la negociación, teniendo que aceptar un férreo control desde Bruselas con tal de no terminar en un limbo normativo.

Esta declaración de país con un nivel de protección suficiente sería necesaria solamente si Reino Unido, al abandonar la Unión Europea, no decide entrar en el Espacio Económico Europeo. Este es el modelo que sigue Suiza, que no es parte del EEE. El país helvético tiene un acuerdo desde el año 2000 por el que se establece que, al igual que otros territorios como la Isla de Man, Uruguay o Nueva Zelanda, se asegura un nivel adecuado para el tratamiento de datos personales en ese Estado. En el caso de que los británicos opten por adherirse al EEE, la legislación europea en materia de protección de datos se les aplicaría, así que no habría una transferencia internacional de datos al enviar datos a las islas.

Viendo que la opción digamos, tranquila, conservadora o cercana a la Unión, entraña muchos más problemas de los que parece, hay que tener en mente que no puede descartarse un movimiento mucho más drástico por parte del gobierno entrante, reformando la legislación existente en protección de datos para alejarse de la europea, de la cual manifestaron sus discrepancias durante el proceso de aprobación, adoptando así una posición más acorde con los principios menos proteccionistas del mundo anglosajón. Puesto que se asemeja contraproducente que se aíslen de tal forma, esta opción parece menos probable, aunque siempre puede razonarse que si la Unión ha llegado a alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, podría alcanzarse con Gran Bretaña en tal caso.

A este respecto, el Information Commissioner’s Office, a través de Christopher Graham, ha manifestado que “es crucial tanto para empresas y organizaciones como para consumidores y ciudadanos que haya consistencia internacional en torno a las leyes y derechos de protección de datos”, así como que “hablaremos con el gobierno para presentar nuestra visión de que es necesaria una reforma en la legislación británica”. Por tanto, desde instituciones del país relevantes en el tema abogan, parece por mantener una unidad en la normativa entre Europa y el Reino Unido.

Sea cual sea la opción seguida, las consecuencias son, como mínimo, complejas. La salida se basa en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, según el cual, el Estado saliente y la Unión habrán de negociar un pacto de salida, fijando una fecha para el cese de la aplicación de los tratados que, de no fijarse, se produciría al cumplirse los dos años de la celebración de ese acuerdo, pudiendo prorrogarse este lapso de tiempo. Este periodo tiene una importancia vital, puesto que el Reglamento Europeo de Protección de Datos comenzará a tener efectos el 25 de Mayo de 2018, con lo que es más que probable que llegue a ser aplicable a Reino Unido durante un tiempo, puesto que todavía no se ha llegado al acuerdo de salida. Así, la situación en esta materia se tornaría esperpéntica: durante el periodo de negociación del acuerdo de salida y durante el plazo para la misma se seguiría aplicando la ley de 1998, proveniente de una directiva europea; hasta Mayo de 2018, momento en el que la salida, casi con total seguridad, no será efectiva todavía, por lo que empezará a aplicarse el reglamento europeo de protección de datos hasta la fecha en la que se fije el fin de la aplicación de los tratados. Cabe añadir que, una vez entre en vigor el reglamento, cualquier empresa u organización estará obligada a cumplir con su articulado si trata datos de ciudadanos de la UE, independientemente de dónde esté radicada la misma, así que cuando llegue el momento en que eviten la aplicación del reglamento, gran parte de las corporaciones británicas tendrán que sujetarse en buena parte de su actividad a dicho texto.

Podemos prever, sin miedo a equivocarnos, que la legislación británica seguirá acorde a la europea durante un plazo considerable, lo cual torna la bifurcación anteriormente comentada en una decisión a medio plazo. La aplicación del reglamento en Reino Unido será una realidad, así que durante un periodo prudencial habrá calma en cuanto a la protección de datos en el continente. De hecho, Reino Unido, al igual que el resto de países de la Unión, tendrá que transponer a su derecho interno la directiva de reciente aprobación (mayo) por el Consejo relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información en la Unión; es decir, su legislación seguirá avanzando al ritmo del resto de la Unión, de momento.

El mare magnum de dudas suscitadas por el referéndum deja a todos los actores en una situación de desconcierto en el que no cabe más que esperar al desarrollo de los acontecimientos para hablar a ciencia cierta. Mientras tanto solamente se pueden hacer pronósticos y conjeturar. 



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Sentencia del TJUE sobre el Art.21.2 del Reglamento (CE) 469/2009 relativo al Certificado Complementario de Protección para los medicamentos

El 5 de octubre de 2016, el TJUE dictó una nueva sentencia en materia de certificados complementarios de protección para los medicamentos (“CCPs”) en respuesta a una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Estonia (asunto C-572/15). Es la primera sentencia en materia de CCPs que el TJUE dicta en 2016.

La cuestión prejudicial estaba relacionada con la interpretación del art. 21.2 del Reglamento (CE) 469/2009. Bajo la rúbrica “Disposiciones Transitorias” este artículo dispone que el Reglamento (CE) 469/2009 se aplicará a los CCPs “concedidos de conformidad con la legislación nacional de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia desde el 1 de mayo de 2004 y con la legislación nacional de Rumanía desde el 1 de enero de 2007”.


El TJUE se pronuncia en primer término sobre la validez del precepto que nos ocupa. A estos efectos, el TJUE señala que el mencionado precepto trae causa de las adaptaciones incorporadas al Reglamento (CEE) 1768/92 con ocasión de la firma del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República de Eslovaquia a la UE. El TJUE agrega que tales adaptaciones fueron objeto de un acuerdo entre los Estados miembros de la UE y el Estado solicitante y no constituyen un acto de una institución de la UE sino que son disposiciones de derecho primario que no pueden ser modificadas, suspendidas o derogadas por procedimientos distintos de los previstos para la revisión de los Tratados originarios. En consecuencia, el TJUE concluye que no es competente para conocer ni pronunciarse sobre la validez del referido artículo. Aunque el fallo de la sentencia alude al Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Croacia, entendemos que esta remisión es equívoca y que en realidad el TJUE alude al Acta relativa a las condiciones de adhesión de las 10 repúblicas a que antes se ha hecho referencia a la UE.

En segundo lugar, el TJUE señala que el art. 21, apartado 2 del Reglamento (CE) 469/2009 debe interpretarse en el sentido de que se aplica al CCP de un medicamento determinado concedido por un Estado miembro (en el caso que nos ocupa en la República de Estonia) antes de su adhesión a la Unión. Esta consideración lleva al TJUE a señalar que en el supuesto de que ese medicamento hubiera sido objeto en el EEE de una AC anterior a la concedida en el referido Estado miembro, y, en su caso, a la adhesión de éste a la UE, sólo deberá tenerse en cuenta esa primera AC para determinar la duración de dicho CCP. El TJUE subraya en este punto que los efectos de la primera AC concedida en el territorio de un Estado miembro del EEE, son equivalentes a los de la primera AC en la UE en el sentido del art. 13 del Reglamento que nos ocupa.


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Aumento del número de mercancías falsificadas retenidas por las aduanas de la UE en 2015

La Comisión Europea acaba de publicar, el pasado 23 de septiembre, su informe sobre los resultados de las medidas en frontera contra la usurpación de los derechos de propiedad industrial e intelectual practicadas en el año 2015.

De acuerdo con este informe, en el año 2015 se retuvieron en las aduanas de la UE un total de 40.728.675 productos sospechosos de violar esos derechos, representando un aumento del 14% respecto a los 35.568.982 productos retenidos en 2014. El valor de los productos retenidos en la UE 2015 superó los 642 millones de euros.

En el caso de España, el aumento de productos retenidos en 2015 fue mayor: se incrementó un 17% respecto a 2014 (1.893.019 productos retenidos en 2015 respecto a 1.619.264 productos retenidos en 2014). España sigue estando dentro del top 10 de países de la UE con mayor número de mercancías retenidas, en concreto en el puesto nº 9.

La efectividad de las medidas en frontera previstas en el Reglamento (UE) 608/2013 es muy alta: las mercancías retenidas fueron destruidas en el 80% de los casos de retención, se iniciaron procedimientos judiciales en el 9% de los casos y tan solo resultaron ser productos originales en el 2,7% de los casos.

China sigue siendo el principal país de procedencia de los productos retenidos por las aduanas de la UE (40%). Por categorías, las mercancías tienen también su origen en los siguientes países: Benin (alimentos), México (bebidas alcohólicas), Marruecos (otras bebidas), Malasia (productos de cuidado corporal), Turquía (vestidos), Hong-Kong (teléfonos móviles y accesorios, tarjetas de memoria, equipamiento informático, CD/DVD y encendedores), Montenegro (cigarrillos) e India (medicinas).

Los productos de uso diario que podrían ser peligrosos para la salud y seguridad de los consumidores (como alimentos, bebidas, productos de tocador, medicamentos, electrodomésticos, juguetes, etc.) representan el 25,8% del total de retenciones.

Los medios de transporte más utilizados, por el número de retenciones producidas, siguen siendo los envíos por correo postal y los servicios de mensajería (77% de las retenciones), correspondientes a las compras efectuadas a través de Internet.

Las principales mercancías retenidas en 2015 han sido cigarrillos (27%); otros productos, incluyendo baterías, pegamento, muebles y lámparas, manuales y otros documentos, imanes, pesticidas, etc. (10%); juguetes (9%); etiquetas permanentes, etiquetas temporales y pegatinas (8%);  y alimentos (7%).

Llama poderosamente la atención que las referidas etiquetas y pegatinas han pasado a estar dentro del top 5 de productos retenidos en 2015, lo que viene a confirmar la última técnica utilizada por las organizaciones criminales de falsificación consistente en importar productos sin marcar y, por separado, importar las etiquetas y pegatinas con las marcas, procediendo a colocar las marcas sobre los productos ya en territorio de la UE. Esta técnica ya fue puesta de manifiesto por Europol y la EUIPO en su informe 2015 Situation Report on Counterfeiting in the European Union de abril de 2015.





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