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Category Archives: Elzaburu

AVISO DE FRAUDE

Se ha detectado el envío de cartas comunicando a sus destinatarios la concesión de un falso premio de lotería en las que se atribuye a despachos de abogados el proceso de verificación del pago del premio. Para poder cobrar el premio, se solicita el envío, a un determinado número de fax, de los datos bancarios, copia del pasaporte y número de teléfono de los destinatarios de esas cartas.

Se advierte de que dichas cartas utilizan falsamente el nombre y dirección de estos despachos profesionales, sus sellos y sus firmas. En el caso de que se tratase de una carta de ELZABURU SLP, se advierte que nuestra firma no tiene relación alguna con los emisores de dichas cartas ni realiza ningún tipo de verificación de los falsos premios.

Por lo tanto, los destinatarios de esas cartas deben abstenerse de facilitar ninguno de los datos solicitados, procediendo a comunicar a las autoridades de su país el intento de fraude sufrido.

En caso de duda, pueden contactar con nosotros por:

Tlf.: +34 91 7009400
Fax: +34 91 3193810


Autor: Elzaburu SLP




¡Confirmado! Los titulares de licencias sobre dibujos o modelos comunitarios también pueden demandar aunque no hayan inscrito su licencia en el Registro

Si hace apenas unos meses el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunció (caso C-163/15) a favor de que los licenciatarios de marcas comunitarias (o mejor dicho, “de la Unión Europea”) tuvieran legitimidad para ejercitar acciones por infracción frente a terceros aunque las licencias no estuvieran inscritas, ahora ha sido el turno de los licenciatarios de dibujos o modelos comunitarios (todavía “comunitarios”).

En efecto, recientemente se publicó la decisión del TJUE en el asunto C-419/15 que tenía por objeto una cuestión prejudicial planteada por el Oberlandesgericht Düsseldorf (para entendernos, el tribunal alemán de apelación) a colación de un procedimiento entre dos empresas alemanas, la primera de ellas, la demandante, titular de una licencia exclusiva no inscrita de un diseño comunitario, y la segunda de ellas, la demandada, distribuidora de un producto presuntamente infractor del referido diseño.

Bajo estas circunstancias, el tribunal alemán plantea al TJUE dos preguntas: 
  • ¿Puede un licenciatario no inscrito ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre un diseño comunitario registrado?
  • De ser así, ¿puede el licenciatario exclusivo además ejercitar una acción indemnizatoria por los daños y perjuicios sufridos o solamente puede participar en un procedimiento iniciado por el propio titular?

Con respecto a la primera de las cuestiones, una interpretación literal del artículo 33, apartado 2, del Reglamento 6/2002 podría llevar a pensar que una licencia no inscrita no permite hacer valer los derechos frente a terceros pues la primera frase de dicho apartado establece que “los actos jurídicos indicados en los artículos 28, 29 y 32 [sobre cesiones, derechos reales y concesión de licencias] sólo surtirán efectos frente a terceros en todos los Estados miembros tras la inscripción en el Registro”. Sin embargo, el Tribunal nos recuerda que las normas deben interpretarse no sólo teniendo en cuenta su tenor literal, sino también de acuerdo a su contexto y los objetivos que persigue.

Así las cosas, el Tribunal llama la atención al hecho de que tanto el propio apartado 2 del artículo 33 como también el apartado 3 del artículo 33 se refieren expresamente a los terceros que hubieran adquirido derechos, lo que le lleva a pensar que, desde un punto de vista contextual, la norma está pensada para regular los efectos que produce el registro frente a terceros que hubieran adquirido derechos después y no, en cambio, aquellos otros casos en los que el tercero sea simplemente un infractor.

En conclusión, la respuesta a la primera cuestión es que, efectivamente, un licenciatario puede ejercitar acciones por infracción de los derechos sobre el diseño comunitario registrado objeto de la licencia aunque dicha licencia no haya sido inscrita en el Registro.

Con respecto a la segunda de las cuestiones, la duda sobre si pudiendo el licenciatario no inscrito iniciar acciones por infracción podría además ejercitar una acción indemnizatoria surge del tenor del artículo 32, apartado 4, el cual establece que, a fin de obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, el licenciatario estará facultado para participar en la acción por infracción interpuesta por el titular del diseño comunitario, sin precisar si puede reclamar el resarcimiento cuando sea él mismo quien ejercita la acción.

De nuevo, el Tribunal recurre al contexto y señala que habiendo supuestos en los que el Reglamento contempla que el licenciatario exclusivo pueda ejercitar por sí mismo una acción por infracción (con consentimiento del titular y cuando el titular no haya actuado dentro de un plazo razonable pese a habérselo instado a hacer), no tendría ningún sentido que en cambio no pudiera solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios sin adherirse a una acción interpuesta por el titular. Esa interpretación restrictiva sería además, según apunta la sentencia, contraria al objetivo de la norma, el cual consiste en dotar al licenciatario de vías procesales para actuar contra la infracción y defender así sus derechos.

En definitiva, la conclusión a la que llega el Tribunal en relación con la segunda cuestión es que el licenciatario, una vez legitimado para ejercitar la acción por infracción, puede asimismo reclamar por sí el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos.

De este modo, como ya hiciera con la marca comunitaria, el TJUE se posiciona nuevamente a favor de que los licenciatarios también puedan demandar aunque no hayan inscrito su licencia en el Registro. Esta decisión, además, se sitúa en línea con la interpretación que en su día realizó el Juzgado de lo Mercantil de Alicante, en cuya sentencia de 26 de diciembre de 2011 (ECLI:ES:JMA:2011:152) señaló que el artículo 33 del Reglamento estaba tan sólo dedicado a regular la posición jurídica del licenciatario frente a terceros subadquirientes del licenciante titular de la marca.


Autor: Joaquín Rovira

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Reciente creación de la Intellectual Property Crime Coordinated Coalition (IPC3) de EUROPOL y EUIPO


El pasado 12 de julio tuvo lugar en la sede de EUROPOL en La Haya el lanzamiento de la Intellectual Property Crime Coordinated Coalition (IPC3). Esta organización supone la respuesta de la UE a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial y es resultado de la unión de fuerzas entre EUROPOL y la EUIPO en esta materia.


La IPC3 se fundamenta en el acuerdo estratégico firmado en 2013 entre EUROPOL y la EUIPO. Queda incardinada dentro de la actual estructura de EUROPOL, contando con el apoyo financiero de la EUIPO de 500.000 euros anuales.

Este organismo proporcionará apoyo técnico y operativo a las fuerzas del orden y a otros socios en la UE, y fuera de ella, mediante:
a) facilitación y coordinación de investigaciones transfronterizas,
b) vigilancia e información sobre las tendencias de delitos online y aparición de nuevos modus operandi,
c) reforzar la armonización y estandarización de los instrumentos legales y procedimientos operativos para enfrentarse a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial de forma global, y
d) llegar al público y a los agentes del orden mediante el aumento de la concienciación y facilitar entrenamiento en este específico campo de conocimientos. 
La creación de este organismo está más que justificada si tenemos en cuenta el elevado impacto en la UE de los productos falsificados y pirateados, que alcanzan hasta el 5% de las importaciones con un valor de 85.000 millones de euros. La lucha contra estos delitos es una prioridad de los agentes de la ley para proteger a los consumidores de productos peligrosos y defectuosos y para combatir las redes de crimen organizado envueltas en estas actividades ilegales, frecuentemente conectadas a otras formas graves de delincuencia transnacional (contrabando, inmigración ilegal, explotación laboral, evasión de impuestos, blanqueo de capitales, financiación de actividades terroristas, etc).

La creación de un organismo específico de EUROPOL para combatir este tipo de delitos venía siendo reclamada desde el Joint Task Force Observatory EUIPO-INTA del EU Anti-Counterfeiting Subcommittee de la INTA, del que ELZABURU forma parte.



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¿Brexit en propiedad industrial? No tan rápido, por favor

La decisión del Reino Unido de retirarse de la Unión Europea –en el lenguaje utilizado por el tan mentado art. 50 del Tratado de la Unión Europea- parece que ha abierto, parafraseando el título del relato del escritor británico Rudyard Kipling, la Puerta de los Cien Pesares. Abundan las voces plañideras y los mensajes de alarma. Pero lo cierto es que la puerta todavía no ha sido abierta (la notificación al Consejo no se ha producido y, previsiblemente, tardará en hacerse) y queda por ver el alcance y grado de los padecimientos que está llamada a provocar, es decir, las condiciones en que la salida será negociada.

En lo que respecta a la propiedad industrial es claro, sobre el papel, que la marcha del Reino Unido pondrá a prueba la fortaleza de los sistemas tan laboriosamente construidos a lo largo de más de medio siglo en torno a la unificación y la armonización en materia de marcas, diseños, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, obtenciones vegetales, secretos industriales o patentes. Las marcas y diseños que se registran en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, dejarán de tener efecto en el Reino Unido y habrá que arbitrar medidas para determinar qué pasa con los títulos ya inscritos y con los expedientes en curso. Algo similar ocurrirá con las denominaciones geográficas, las indicaciones de origen y las obtenciones vegetales, mientras que la armonización de los secretos industriales recién acordada no podrá imponerse al Reino Unido.

La patente europea con efectos unitarios, iniciativa a la que, como es bien sabido, no se ha incorporado España, pierde a uno de sus interlocutores más visible. De un lado, la futura posible protección unitaria para las patentes europeas ya no podrá cubrir el Reino Unido. Y, de otro lado, el propuesto Acuerdo Internacional creando un Tribunal Unificado de Patentes, además de necesitar, para su entrada en vigor, una ratificación distinta, deberá ser retocado en tanto en cuanto Londres era la sede escogida para una de las tres secciones de su División Central, la que hubiere de tratar el área de la química, de la metalurgia y de las ciencias de la vida.

Las empresas deberán sopesar en sus estrategias sobre activos inmateriales qué incidencia puede tener optar por sistemas que dejan fuera un territorio tan relevante, pero no parece que haya razones por ahora para tomar decisiones precipitadas. El Reino Unido será en su momento país de registro a cuyas orillas no llegará el efecto unitario de las marcas y diseños de la Unión Europea ni la acción de sus Tribunales.  Pero así había sido hasta no hace tanto tiempo y con ello vivían empresas y profesionales.

Sin embargo hay consecuencias de la salida del Reino Unido que escapan del ámbito de lo prosaico, pero que tienen para la propiedad industrial –lo mismo que para los derechos de autor- una importancia extraordinaria. Se quiera o no el Reino Unido encarnaba en muchas materias sensibles un modelo de ver las cosas –llamémosle, anglosajón– que pugnaba no pocas veces con el modelo más europeo o continental.

Las tensiones entre estas concepciones un tanto antagónicas de los derechos de propiedad intelectual e industrial, o incluso de la competencia desleal, se dejaban sentir -y de qué manera- en la propia gestación de la legislación comunitaria y en su interpretación por el Tribunal de Justicia. Cabe preguntarse si con la desaparición del influjo británico la situación podría cambiar en el futuro y el difícil equilibrio alcanzado en ciertos terrenos podría hacerse añicos para siempre.

Por el momento y por acabar, como empezamos, con una cita al británico Kipling y su célebre poema “Si”, tendrá la Unión Europea que tratar en esta etapa que ahora se abre de conservar la cabeza cuando a su alrededor todos la pierden y agacharse y reconstruir con las herramientas desgastadas las cosas a las que ha dedicado su vida y que ahora contempla destrozadas.


Autor: Luis Baz


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La Comisión Europea pone en marcha el Escudo de la privacidad UE-EE.UU ( Privacy shield )

El 12 julio la Comisión Europea adoptó un nuevo acuerdo para la transferencia internacional de datos entre Estados Unidos y la Unión Europea, el “Privacy Shield”.

La necesidad de este nuevo marco surgió a raíz de la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado octubre en relación con el asunto “Schrems”. Mediante su resolución, el órgano europeo apuntaba las graves deficiencias de las que el acuerdo anterior, el “Safe Harbor”, adolecía, hasta el punto de devenir inválido [Véase comentario en este mismo blog].

A este respecto, en febrero de 2016, se anunció el advenimiento de un nuevo programa que reflejaría las garantías necesarias para permitir un flujo transatlántico de datos de carácter personal de los ciudadanos comunitarios. Es preciso destacar que ese mismo mes, el organismo francés de protección de datos (la Comisión Nacional de Informática y Libertades o CNIL) instó a Facebook a que dejara de almacenar datos de usuarios que no tuvieran cuenta en la red social, así como de transferir dichas informaciones a EEUU, provocando así una creciente conciencia en torno al tránsito de datos a través del Atlántico en todo el territorio europeo.

Es por ello que, desde que se concibió, este nuevo marco ha estado en el punto de mira de varios sectores.

La redacción final del texto pretende reflejar los siguientes principios:
  • Obligaciones rigurosas para las empresas que trabajan con datos
  • Obligaciones en materia de transparencia y salvaguardias claras para el acceso de la administración estadounidense
  • Protección eficaz de los derechos individuales
  • Mecanismo de revisión conjunta anual

Ello se verá reflejado en factores como que las compañías estadounidenses que traten datos de ciudadanos europeos deban inscribirse en la lista del “Privacy Shield” y auto-certificar que cumplen con las condiciones establecidas por el acuerdo; además, se implementarán mecanismos de resolución de litigios accesibles para aquellos ciudadanos que consideren vulnerados sus derechos en el marco de este sistema, así como una cooperación entre la Comisión Europea y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

Las medidas anteriores no buscan sino asegurar un nivel de protección adecuado de los datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea, así como garantías para las empresas estadounidenses que, al operar en el mercado, estén tratando dichos datos.

La decisión de adecuación ha entrado ya en vigor, aunque las compañías estadounidenses no podrán inscribirse en la mencionada lista hasta el 1 de agosto de 2016. En cuanto a los ciudadanos europeos, la Comisión Europea ha anunciado que publicará una guía para ayudar a poner en marcha los procedimientos de reclamación frente a las empresas; por el momento, junto con el comunicado de prensa, ha facilitado información en formato FAQ

Como es natural en un tema tan trascendental, las condiciones de este nuevo acuerdo no han sido una cuestión pacífica.

Así, figuras como la del eurodiputado Jan-Philipp Albrecht consideran que, si bien el pacto puede parecer garantista a primera vista, la aplicación práctica de sus mecanismos pueden dejarlo vacío de contenido. Destaca lo intrincado y complejo del sistema de denuncia por parte de un ciudadano frente a un uso no autorizado, debido al gran número de intermediarios que deben participar, tales como órganos de arbitraje y autoridades nacionales. Del mismo modo varios sectores han destacado que la redacción en torno a la vigilancia masiva reproduce de forma casi literal la del “Safe Harbor”.

No obstante, cabe recordar que el “Privacy Shield” ha sido modificado a lo largo de su elaboración para acomodar las sugerencias y opiniones de órganos tan exhaustivos en la materia como el Grupo de Trabajo del Artículo 29, el Parlamento Europeo o el Supervisor Europeo de Protección de Datos.

De este modo se proporciona una herramienta más para el fomento del comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos partiendo de una visión más garante de los derechos del ciudadano.




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