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Parlamento Europeo y Consejo, a la greña con la patente europea con efecto unitario. Siguiente capítulo, en septiembre de 2012

Ayer martes 10 de julio hubo debate animado en el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Se trataba de evaluar la sugerencia del Consejo Europeo de 29 de junio de suprimir los artículos 6 a 8 de la “Propuesta de Reglamento por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de protección mediante una patente unitaria”: en una palabra, quitarle al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la posibilidad de interpretar con carácter uniforme el corazón del derecho de patentes, es decir, el derecho a impedir el uso directo o indirecto de la invención y los límites de la patente. Pues bien, la mayor parte de los diputados europeos se manifestaron claramente contrarios a esta supresión, consideraron que era una violación del proceso legislativo ordinario y decidieron reenviar el tema a la Comisión y al servicio jurídico del Parlamento. Más noticias, a partir de septiembre. 
Tras el fiasco provocado por el Dictamen 1/09 del Tribunal de Justicia en marzo de 2011, la Comisión propuso el 26 de mayo de 2011 reorientar los trabajos a partir de tres instrumentos jurídicos que constituyen un solo paquete y que deben ser adoptados por los veinticinco Estados miembros participantes en la cooperación reforzada, España e Italia excluidas: un Reglamento sobre la creación de protección mediante una patente unitaria, otro Reglamento limitado a las disposiciones sobre traducción y un Acuerdo internacional destinado a crear un sistema unificado de solución de litigios con un Tribunal unificado de patentes.

El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un “acuerdo político” el 5 de diciembre de 2011 quedando sólo por resolver una cuestión, a saber, la localización de la sede del nuevo Tribunal. Dado que el Consejo anunció que una solución podría ser adoptada a finales de junio de 2012, el Parlamento decidió esperar y someter el acuerdo político a votación en Primera lectura en el pleno del 4 de julio. Efectivamente, el Consejo Europeo anunció el 29 de junio que un acuerdo “a lo belga” había sido alcanzado (sede en París, salas especializadas en Londres y en Munich), pero que ello debería implicar la supresión de los artículos 6 a 8 del Reglamento base, tal como vienen demandando insistentemente desde hace tiempo los profesionales ingleses, alemanes y franceses y el Parlamento del Reino Unido en su informe publicado el 3 de mayo de 2012, con el argumento de que el Tribunal de Justicia no es un órgano especializado y que su intervención no hará sino encarecer y retrasar los procedimientos de infracción y de nulidad .

El Parlamento decidió el día 2 de julio no someter a votación el paquete el día 4 y convocar al Comité de Asuntos Jurídicos para ayer día 10. El resultado es conocido, aunque no podemos aún valorar si ello implica, en el contexto del juego de la oca, caer en el laberinto de la casilla 42, que reenvía a los jugadores a la 30 (es decir, un regreso de meses), o, lo que es peor, hacerlo en el pozo de la casilla 31 (es decir, esperar otros tres años a que alguien rescate el proyecto). En todo caso, cada día parecemás evidente que, tras cuarenta años de negociaciones, estamos en esta materia ante un singular ejercicio de “descafeinización” del proceso de construcción europea y de abandono de la convicción de que la propiedad industrial es uno de los elementos clave para la consolidación del mercado interior.


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La nueva partida presupuestaria por copia privada confirmada en los Presupuestos Generales del Estado


El día 30 de junio de 2012 el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, en la que se incluye la enmienda aprobada dos días antes por el Senado por la que se acuerda la inclusión de una partida de cinco millones de euros para la compensación equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Esta partida, según reconoce José María Lassalle, Secretario de Estado de Cultura, viene a compensar de algún modo la supresión del conocido “canon digital” el pasado mes de diciembre de 2011.

Más allá de cualquier valoración al respecto, cabría recordar que en la célebre (y anulada) Orden de 2008 el perjuicio anual por la copia privada había sido cuantificado (por muy discutible que fuera el dato) en 37 millones de euros (para los libros) y 80 millones (para los fonogramas y audiovisual), lo que arrojaba una cifra total de casi 120 millones de euros.

Parece claro que la austeridad presupuestaria, como no podía ser de otra forma, también afecta a los titulares de derechos de propiedad intelectual, que cuatro años después han visto cómo los 120 millones de 2008 han menguado a nada más que 5.

Autor: Francisco Marín

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La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de junio de 2012 en el asunto IP TRANSLATOR revoluciona el mundo de las marcas

Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de indicar en el caso “IP TRANSLATOR” (C-307-10) que si se desea proteger todos los servicios o productos de una determinada clase del Nomenclator Internacional de productos y servicios (Arreglo de Niza) mediante la indicación del enunciado general de la clase correspondiente, debe hacerse una indicación expresa al respecto a la hora de solicitar una marca en la UE. De no hacerlo, la marca protegería sólo lo que literalmente significa el enunciado general.  (*)

La sentencia, de fecha 20 de Junio, ha provocado la inmediata reacción de la OAMI, que con la Comunicación del Presidente no. 2/12, que obliga a los solicitantes de marcas comunitarias a hacer esa indicación expresa en caso de que se desee proteger todos los productos y servicios en una clase determinada, en todas las solicitudes presentadas desde el día 21 de Junio pasado.

Nuestra firma, siguiendo la tradición de proteger los intereses de los clientes, ha reaccionado de inmediato y desde esa fecha (21 de Junio de 2012), todas las solicitudes que contienen el enunciado general de una clase del Nomenclator llevan esa indicación expresa al objeto de proteger todo lo incluible en esa clase determinada.

También  desde ese día todas nuestras solicitudes españolas también llevan esa indicación para proteger todo lo incluible en esa clase, salvo que en la orden de presentación se indique lo contrario.


( *) Por ejemplo, como ocurrió en el caso de la sentencia que comentamos, los “servicios de traducción” no quedarían protegidos si se solicita el enunciado general sin hacer la indicación expresa de que se desea proteger todo lo incluible en la clase 41, cuyo enunciado general es “Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales”.

Autor: Ramón Cañizares

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España fuera de la ignominiosa Watch List en materia de piratería comercial

Todos los años por estas fechas muchos países se ven sometidos a una suerte de juicio universal  en relación con sus índices de piratería. La publicación del Informe Especial 301 del Departamento de Comercio estadounidense constituye un verdadero termómetro para medir la eficacia de la acción de los Gobiernos en la lucha contra esta lacra. Duele decir que España se encontraba desde 2008 en la Watch List  o lista negra de países con peores índices de piratería de toda Europa. Y ahí permanecía nuestro país hasta la reciente publicación el pasado 30 de abril del nuevo Informe anual 2012.

España ha dejado de tener el dudoso honor de estar incluido en la mencionada lista gracias al reconocido esfuerzo efectuado tras la aprobación en 2011 de la llamada Ley Sinde y la puesta en marcha recientemente del sistema cautelar instaurado para la persecución de la piratería on-line a través de la Comisión de Propiedad Intelectual. Este esfuerzo tiene aún más mérito, si cabe, tras comprobar que otros países europeos de nuestro entorno siguen incluidos en la lista de vigilancia.

Aunque las duras críticas de los anteriores informes estadounidenses sobre la pasividad del Gobierno español para resolver el problema de piratería en la Red no han sido eliminadas completamente, el nuevo Informe Especial 301 aplaude las rápidas medidas tomadas por España . Aún así el Informe advierte que  en la práctica se observa todavía una cierta relajación en la persecución de los delitos contra la Propiedad Intelectual en Internet por parte de la Policía y de los propios jueces

El informe se refiere esencialmente a la situación de la piratería en propiedad intelectual. Sin embargo el balance que ofrece de la situación en España puede extrapolarse a los supuestos de falsificación de marcas, que tantos rasgos comunes presentan al respecto.

Aunque es pronto para echar las campanas al vuelo y es  mucho el camino que queda por recorrer, España puede presumir por ahora de su bajada del podium de la piratería.


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Cruz Roja vence a Mistol

Ningún particular, empresa, organismo o artículo comercial puede utilizar como símbolo una cruz roja sobre fondo blanco. Así lo recuerda el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una sentencia que desestima el recurso de Henkel Ibérica, dueña de la marca de lavavajillas Mistol, contra una resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó a esta compañía el uso de un sello idéntico en color y forma al que utiliza Cruz Roja como emblema. El fallo considera que tal uso puede confundir a los consumidores al hacerles creer que el producto está asociado o avalado por la institución humanitaria.

En el año 2006, Henkel lanzó al mercado un nuevo producto de su gama de lavavajillas Mistol cuyo etiquetado contenía una cruz roja sobre fondo blanco. En un primer momento la Oficina de Patentes concedió la inscripción de la marca, pero Cruz Roja impugnó la decisión y el caso acabó en el Tribunal Superior de Madrid. Para evitar polémicas mientras se resolvía el conflicto, en 2007 la compañía decidió invertir los colores del sello -pasó a ser una cruz blanca sobre fondo rojo-, y así es como sigue presentándose actualmente.




Miguel Ángel Medina, abogado de despacho ELZABURU que ha actuado en representación de Cruz Roja, destaca la trascendencia del fallo. “El símbolo de la institución, que inconscientemente los consumidores asocian siempre con acciones humanitarias y sanitarias, se usa en muchas ocasiones de forma deliberada para transferir estos valores a un producto o un servicio. Es importante frenar estos intentos, y también que los ciudadanos entiendan que una cruz roja no es un emblema genérico que pueda usarse para cualquier cosa médica, clínica o higiénica. Si se vulgariza, perderá su eficacia, vital en espacios tan críticos como las zonas de guerra”, subraya Medina.

Un portavoz de Henkel España asegura que en ningún momento se quiso asociar el producto con la Cruz Roja, sino que se decidió adoptar ese signo porque se utiliza habitualmente como símbolo de higiene. La sentencia del Tribunal Superior de Madrid puede ser recurrido ante el Supremo, pero la compañía ha decidido aceptar el fallo porque considera que el símbolo inverso ha funcionado bien y no vale la pena seguir recurriendo.

Autor: EL PAIS

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