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Diseño de llantas BMW: relación entre el Reglamento Bruselas I y el Reglamento sobre diseños comunitarios

El pasado 13 de julio de 2017, el Tribunal de Justicia de la UE (“TJUE”) dictó una interesante sentencia (asunto C-433/16) que aclara la relación existente entre el Reglamento CE 44/2001 (actualmente R. 1215/2012) y el Reglamento CE 6/2002 sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios.

La sentencia del TJUE trae causa de una acción de jactancia interpuesta por la compañía italiana Acacia, SrL (“Acacia”) ante el Tribunal de Nápoles para que se declarara la inexistencia de infracción de los dibujos o modelos comunitarios registrados a nombre de Bayerische Motoren Werke AG (“BMW”) para llantas de aleación para ruedas de automóviles por razón de la fabricación y comercialización por Acacia de réplicas de este producto bajo la marca WSP ITALY. Acacia también pidió que se declarara que BMW había cometido actos de abuso de posición dominante y de competencia desleal y que se condenara a BMW a cesar en toda actividad que pudiese obstaculizar la comercialización de las réplicas de las llantas de aleación objeto de consideración por parte de Acacia. Durante el transcurso del procedimiento, el Tribunal de Casación italiano decidió suspender el procedimiento y plantear al TJUE distintas cuestiones prejudiciales relacionadas con la interpretación de los dos Reglamentos Comunitarios antes citados.

Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano remitente pregunta al TJUE si el art. 24 del Reglamento CE 44/2001, que regula la prórroga de competencia, debe interpretarse en el sentido de que una excepción basada en la incompetencia del juez que conoce el asunto propuesta en el primer acto de oposición, pero con carácter subsidiario respecto de otras excepciones procesales formuladas en el mismo acto, puede considerarse una aceptación de la competencia del juez al que se ha sometido el litigio. En el caso que nos ocupa, se dio la circunstancia de que BMW en su primer acto de oposición ante el Tribunal de Nápoles impugnó no sólo la competencia de dicho juez sino también la regularidad del escrito de interposición del recurso y el mandato del representante de Acacia.

El TJUE contesta en sentido afirmativo a esta pregunta. En su respuesta, el tribunal incide en la segunda frase del art. 24 del Reglamento CE 44/2001 que dispone que no hay prórroga tácita de la competencia del órgano jurisdiccional que conoce del asunto, si el demandado propone una excepción de incompetencia expresando de este modo su voluntad inequívoca de no aceptar la competencia de dicho órgano jurisdiccional.

Mediante las cuestiones prejudiciales 2ª y 3ª, el órgano remitente pregunta al TJUE si el art. 82 del Reglamento 6/2002, que regula la competencia internacional de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios, debe interpretarse en el sentido de entender que las acciones declarativas de la inexistencia de infracción a que se refiere el art. 81, letra b) del citado Reglamento, únicamente pueden entablarse ante los tribunales de dibujos y modelos comunitarios del Estado Miembro en el que el demandado tenga su domicilio (excluyéndose de este modo las disposiciones del Reglamento 44/2001).

El TJUE contesta en sentido afirmativo a esta pregunta señalando que el art. 79.3 del Reglamento 6/2002 excluye de forma expresa la aplicación de los arts. 2, 4, 5 (puntos 1, 3, 4 y 5), 16 (apartado 4) y 24 del Convenio de Bruselas, salvo en los casos en que se produzca una prórroga de la competencia en el sentido del art. 23 ó 24 del Reglamento 44/2001. El Tribunal recuerda en este punto que la exclusión arriba reseñada no alcanzaría a los arts. 17 y 18 del Reglamento de Bruselas (sustituidos por los arts. 23 y 24 del Reglamento 44/2001). Sin embargo, en el caso que nos ocupa, este inciso no sería relevante porque no se habría producido ninguna prórroga de competencia.

Mediante la cuarta cuestión prejudicial el órgano remitente pregunta al TJUE si la regla de competencia establecida en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001 puede aplicarse a las acciones declarativas de inexistencia de infracción referenciadas en el art. 81, letra d) del Reglamento 6/2002.

La respuesta del TJUE es negativa. El TJUE recuerda que el art. 5.3 del Convenio de Bruselas no es aplicable a los procedimientos resultantes de las acciones de nulidad e infracción a que se refiere el art. 81 del Reglamento 6/2002, de conformidad con lo dispuesto en el art. 79, apartado 3, letra a) de este último Reglamento. Esta respuesta es coincidente con las respuestas dadas por el Tribunal a las cuestiones prejudiciales 2ª y 3ª antes reseñadas.

Finalmente, mediante las cuestiones prejudiciales 5ª y 6ª, el Tribunal italiano pregunta al TJUE si las pretensiones de declaración de abuso de posición de dominio y de competencia desleal conexas a la acción declarativa de inexistencia de infracción del dibujo o modelo comunitario, podrían estar comprendidas en el ámbito de la regla de competencia establecida en el art. 5.3 del Reglamento 44/2001 en materia delictual.

También en esta ocasión la respuesta del TJUE es negativa. El Tribunal señala que ello es así en la medida en que la determinación de la jurisdicción competente debe basarse para el conjunto del litigio en el régimen de competencia establecido por el Reglamento 6/2002 y la estimación de las cuestiones planteadas, presupondría forzosamente la estimación previa de la acción declarativa de la inexistencia de infracción.

La sentencia dictada por el TJUE nos merece una opinión positiva. En esencia, el TJUE nos recuerda que la competencia internacional de los tribunales de dibujos y modelos comunitarios para conocer de las acciones en materia de infracciones y de nulidad tienen carácter de lex specialis en relación con las normas de competencia establecidas en el Reglamento 44/2001 y son, por ende, de aplicación preferente.

Autor: Enrique Armijo Chávarri

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La vuelta al canon

En el mes de marzo informábamos en este blog del vacío legal que había dejado la Sentencia del Tribunal español al declarar nulo el sistema de financiación de la copia privada.

Como recordarán, durante los años 2012 a 2016 la compensación equitativa por copia privada ha sido sufragada en España con cargo a los presupuestos generales del Estado. A diferencia de lo que ocurría en la inmensa mayoría de países de la Unión Europea, donde la posibilidad de los usuarios de realizar copias de las obras y otras prestaciones intelectuales que adquieren es financiada a través de un sistema de canon que graba los equipos y soportes aptos para la realización de copias, en España adoptamos temporalmente un sistema en el que esta excepción al derecho de autor era asumida por todos los contribuyentes sin distinción.

La solución del legislador español tenía, como era de esperar, los días contados. En junio de 2016, el TJUE establecía (caso C-470/14-EGEDA) sin ningún género de duda, la exigencia de que la compensación equitativa por copia privada sea sufragada por los usuarios -personas físicas- que se benefician en última instancia de la excepción; lo que deja fuera a las personas jurídicas, que por definición no hacen copias privadas.

Aún cuando ni la sentencia del TJUE ni posteriormente la del Tribunal Supremo español (sentencia 2394/2016) predeterminaban el nuevo sistema a instaurar, fue un hecho asumido que España volvería, en lo fundamental, al sistema de canon existente con anterioridad a 2012. No obstante, existían algunos interrogantes, -principalmente la manera en que iba a regularse el sistema de excepciones-, que han sido desvelados con la publicación en el BOE el pasado 3 de julio del Real Decreto 12/2017, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada.

El “nuevo” canon digital sigue la misma mecánica que el erradicado en el año 2012, si bien la principal diferencia estriba en el establecimiento de un doble sistema de excepciones “ex ante” y “ex post” que evitan la imposición indiscriminada del gravamen. No hay que olvidar que la derogación del “antiguo” sistema de canon vino precipitada por una sentencia del TJUE (caso Padawan, de 21 de octubre de 2010), que consideró contrario a Derecho comunitario un canon que se aplicaba a consumidores finales y a personas jurídicas sin distinción e independientemente del destino de las copias (que en el caso de las personas jurídicas no era el uso privado). El nuevo sistema establece una lista de sujetos exonerados del pago, entre los que se incluyen (i) las entidades que integran el sector público, (ii) las personas jurídicas que actúen como consumidores finales y acrediten el uso exclusivamente profesional de los equipos y soportes, y (iii) las personas que cuenten con la preceptiva autorización de los titulares. Pero además, la nueva regulación prevé un sistema de reembolso para aquellos consumidores finales que, estando obligados al pago, puedan justificar el destino exclusivamente profesional del equipo o su exportación o entrega intracomunitaria.

Por lo demás, el sistema sigue considerando deudores de la compensación a los fabricantes e importadores, y de forma solidaria a los distribuidores que sucesivamente adquieran los dispositivos, aparatos y soportes. En todo caso, el sistema está ideado para que los sujetos deudores puedan repercutir el precio del canon al usuario final que es quien, en su caso, realizará la copia privada.

En cuanto a las tarifas y a la lista de productos gravados se ha establecido un sistema transitorio, que va desde los 0,24 euros por una memoria USB hasta los 6,45 euros para discos multimedia externos. Desde luego, un rango considerablemente más bajo que el de otros países de la UE. Por ejemplo, de acuerdo a esta normativa transitoria, los Smartphones están gravados con 1,10 euros, mientras que en Francia, por ejemplo, el sobreprecio aplicado a estos mismos productos, ronda los 8 euros.

La vuelta al canon supondrá un incremento considerable en las cantidades que las entidades de gestión venían recaudando por este concepto en los últimos años (que de acuerdo al sistema recién abolido era de 5 millones de euros anuales), si bien todo apunta a que nos quedaremos lejos de los 100 millones de euros del año 2009.

N.B. Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Autor: Patricia Mariscal

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Se presenta el balance de incautaciones en España en el Día Mundial Antifalsificación 2017

Con motivo de la celebración el pasado 30 de junio del Día Mundial Antifalsificación, se presentó en la Oficina  Española de Patentes y Marcas el balance anual de intervenciones de productos falsificados llevados a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Agencia Tributaria en España en 2016.

En total, en 2016 se incautaron en España más de 4 millones de productos falsificados que habrían alcanzado en el mercado un valor de casi 780 millones de euros.

La intervenciones policiales realizadas tanto por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía como por los Cuerpos de Policía Local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) sumaron la cifra de 1.447 operaciones en las que se incautaron 1’6 millones de objetos falsificados que habrían alcanzado en el mercado ilegal un valor de más de 700 millones de euros, de los que casi 590 millones corresponden a joyas y relojería, casi 38’4 millones al sector textil y casi 21’2 millones a marroquinería y complementos.

Las incautaciones policiales se han realizado por el siguiente orden: 43’68 % en naves/fábricas/almacenes; el 23’28 % en domicilios y el 20’85 % en la vía pública.

Por comunidades autónomas, el mayor número de intervenciones se produjo en Andalucía con 464 intervenciones y un total de casi 408.000 productos incautados. A continuación, se sitúa la Comunidad Valenciana con 208 intervenciones y un total de 380.622 productos incautados. Seguidamente, aparece la Comunidad de Madrid con 175 intervenciones y 367.234 productos incautados y Cataluña con 172 intervenciones y casi 190.000 artículos incautados.

Por otro lado, la Agencia Tributaría practicó en 2016 un total de 2.232 intervenciones con más de 2’5 millones de productos incautados, que habrían alcanzado un valor en el mercado de casi 78 millones de euros. Más el 60 % de los productos fueron aprehendidos en los puertos, procediendo del continente asiático dos de cada tres productos falsos.

En la celebración de este Día Mundial Antifalsificación se puso de manifiesto que este tipo de actividad delictiva destruye en España cada año más de 67.000 puestos de trabajo directos y supone una pérdida en ventas de más de 7 millones de euros, destacando la necesidad de que los consumidores sean conscientes del problema y efectúen compras responsables en comercios lícitos que generen empleo y riqueza y que cumplan con la legalidad.

Autor: Juan José Caselles

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Los ecos de la INTA

Extremadamente difícil resulta poder describir en unas breves líneas, cuántos y cómo son los ecos que una INTA como la celebrada en Barcelona ha podido dejar en una firma como ELZABURU, cuyo 150 aniversario celebró hace ahora menos de dos años. Ha resultado ser la primera ocasión en la que ELZABURU ha experimentado la alegría y la responsabilidad de organizar un evento social en INTA y, por tanto, también la primera ocasión en la que todos los que formamos parte de ella hemos tratado de reunir, cuidar y divertir a tantos amigos, colegas y colaboradores a nuestro alrededor. Tal vez por ello quisimos ofrecerles a todos ellos algo diferente, especial e inolvidable el pasado 20 de mayo. Confiamos en haberlo conseguido.

La INTA de Barcelona ha supuesto también, y probablemente esto sea lo más trascendente, la primera ocasión en que nuestro país ha albergado uno de los acontecimientos de mayor envergadura en el mundo de la propiedad intelectual. Nada más podemos pedir!!. Tan sólo nos queda ofrecer un profundo agradecimiento a la Dirección de INTA por su confianza en España; a una de nuestras ciudades más emblemáticas, Barcelona, por su sol, su alegría, sus gentes y su naturaleza cosmopolita y, como no, a todos aquellos que han venido depositando su confianza en la solvencia, la profesionalidad y la vocación de modernidad de la firma ELZABURU.

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Autor: Luis Beneyto

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El español José Ángel Dávila, o como las patentes sí ayudan al desarrollo empresarial

Fuente: EPO (de izqda. a drcha.) Jean-Luc Issler, Lionel Ries, Laurent Lestarquit, José Ángel Ávila Rodríguez y Günter W. Hein, ganadores del Premio al Inventor Europeo del Año 2017 en la categoría de Investigación.

Hace unos días hemos recibido la grata noticia de la concesión a José Ángel Ávila y su equipo del Centre National d’Études Spatiales, CNES, del premio al Inventor del Año que otorga la Oficina Europea de Patentes, EPO.

Sin lugar a dudas es una gran noticia y una enorme satisfacción para España, y deseamos que sólo sea el inicio de un largo camino para las empresas y trabajadores españoles, que teniendo a José Ángel Ávila y a todo su equipo como referente, se animen, cada día más, a invertir y proteger su I+D.

A lo largo de mi experiencia profesional he podido comprobar cómo, tras tomar contacto con trabajadores que están ocupados en proyectos innovadores y susceptibles de ser protegidos mediante un derecho de Propiedad Industrial (PI), finalmente, quedan los mismos sin protección alguna; es decir, desamparados porque los propios trabajadores y/o la empresa donde ha nacido el desarrollo de I+D, no son conscientes de la importancia de proteger los desarrollos realizados mediante, al menos, un derecho de PI.

La ausencia de derechos de PI facilita el desgaste y la desaparición de la industria al abandonar ésta la única ventaja que pudiera proporcionarle el hecho de ser los primeros en fabricar y comercializar el desarrollo de I+D.

¿Por qué somos remisos a proteger los desarrollos de I+D? ¿Qué tiene que cambiar en nuestro ADN para que demos el paso de solicitar un derecho de PI como, por ejemplo, una patente?

A menudo la empresa es consciente de la necesidad de proteger los desarrollos de I+D ante dos situaciones posibles:

  • una primera manera es, cuando la empresa detecta que un imitador lanza un producto similar, aprovechando que el producto original no está protegido; es decir, la empresa imitadora se aprovecha del trabajo de la empresa emprendedora, para introducir en el mercado sus productos, pudiendo ser más baratos, ya que no hay costes de desarrollo. En este caso, el producto de la empresa emprendedora registrará una menor penetración en el mercado o para incrementar la cuota de mercado, la empresa emprendedora tendrá que reducir el precio del mismo, necesitando un periodo de tiempo mayor para recuperar los costes de desarrollo del producto;
  • y una segunda manera es cuando la empresa recibe una carta de requerimiento invitándola a negociar los royalties por haber utilizado una tecnología protegida sin autorización del titular del derecho de PI.

En ambos casos, es cuando la empresa adquiere la necesidad de proteger sus desarrollos de I+D y/o de verificar que no haya un derecho de PI en vigor que limite su actividad empresarial.

Si se protegen los desarrollos de I+D realizados en España y comenzamos a tener una cultura similar a la que tenemos en otros campos tecnológicos como, por ejemplo, el de los trasplantes de órganos, podría ser mas habitual leer en los medios de comunicación que un español y una empresa española ha recibido este tipo de premios o reconocimientos.

En definitiva, en España se realiza I+D que no siempre es bien protegido, por falta de presupuesto o por pre-concepciones erróneas por parte de los responsables de tomar la decisión dentro de la empresa. Por ello, desde aquí quiero realizar un llamamiento para fomentar dentro de las empresas españolas políticas activas de protección de los desarrollos de I+D realizados por ellas.

Para finalizar, no quisiera dejar de mencionar un tema que ha levantado ciertas incertidumbres últimamente. Con la entrada en vigor de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, sólo se concederán patentes tramitadas con un examen de patentabilidad, algo optativo en nuestra anterior regulación. Está claro que este sistema levanta el listón de las obligaciones a la hora de solicitar una patente pero no es más cierto que los derechos concedidos contarán con una fuerza y seguridad jurídica muy superior. Por lo tanto, las patentes españolas serán equivalentes a las concedidas por oficinas como la Oficina Europea de Patentes (EPO) o la Oficina Norteamericana de Patentes (USPTO), que realizan el mismo examen de los requisitos de patentabilidad.

No podemos dejar de defender que, con unas patentes fuertes y sólidas, las empresas españolas tendrán mayores posibilidades de internacionalizar y transferir sus innovaciones.

Como nos ha demostrado José Ángel Ávila, sí merece la pena proteger los desarrollos de I+D mediante patentes. Aprovecho esta ocasión para felicitarle, no sólo por el premio recibido, sino también por el trabajo desarrollado durante toda su carrera profesional.

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