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El caso Kukuxumusu: un juego de pulgas, gatos y ratones

El universo pictórico de Kukuxumusu se encuentra plasmado en infinidad de sudaderas y camisetas a lo largo y ancho de la geografía española. Un toro azul con cuernos amarillos o una oveja con ojos saltones y orejas disparadas son algunos de los personajes principales de este universo pictórico en el que sus creadores han sabido plasmar con un humor y con un estilo muy característico situaciones cotidianas a través de animales personificados.

Kukuxumusu, vocablo que significa “beso de pulga” en Euskera, nació en 1989 como un pequeño proyecto de tres amigos con dotes para el dibujo y mucha imaginación. Aunque empezaron vendiendo camisetas, su crecimiento a lo largo de los años ha sido tan grande que en la actualidad los característicos personajes del “universo Kukuxumusu” se ven plasmados en cualquier tipo de objeto que uno pueda imaginarse: botellas, baberos, pastilleros, paraguas, calcetines y hasta stickers de Facebook.

Pues bien, a finales de 2015, uno de los fundadores de la compañía y director artístico de la misma –Mikel Urmeneta-, se separa y emprende un nuevo proyecto en solitario. Bajo el nombre de Katuki Saguyaki (que en castellano significaría algo así como “carne de gato, manjar de ratón”) el antiguo socio monta un negocio de diseño gráfico y dibujo aplicado fundamentalmente al textil. Al parecer, gran parte de los diseños que integran las colecciones del proyecto Katuki Saguyaki son muy similares a los originarios de Kukuxumusu, cuyos derechos habían quedado en manos de la compañía al salir Urmeneta, lo que lleva a Kukuxumusu a presentar una demanda contra Mikel Urmeneta y sus socios por infracción de derechos de propiedad intelectual.

La defensa de la demandada pone el énfasis en la necesaria similitud que ha de existir entre los dibujos de unos y otros toda vez que el dibujante y creador de los diseños es la misma persona, que inevitablemente plasma su sello y estilo personal en cualquier creación que salga de su puño. Según ésta, las similitudes tienen lugar de forma abstracta, pero no existe un plagio de obras concretas e individualizables.

A la vista de los argumentos de las partes, pero sobre todo del análisis pericial de las obras en liza, el Tribunal considera que se ha producido una vulneración de los derechos de propiedad intelectual de Kukuxumusu al constituir los dibujos de los demandados –más allá de la identidad del estilo y de la técnica- reproducciones y transformaciones de obras concretas no consentidas por la actora.

La sentencia resulta interesante desde el punto de vista jurídico por la propia situación que es enjuiciada: un artista que, al ceder todos los derechos patrimoniales sobre muchas de sus obras, ve aparentemente coartada su libertad creativa para continuar creando obras que comparten un mismo estilo, una misma técnica y una misma temática. El argumento del demandado es precisamente éste ¿cómo puede un artista consolidado desprenderse de un bagaje profesional de casi 30 años? En este caso el argumento no le ha servido, puesto que la cuestión no se limita a un tema de estilo, sino de verdadero autoplagio de obras individualizadas.

Sea como fuere todo apunta a que esta lucha de pulgas, gatos y ratones no ha hecho más que empezar…

Versión española del artículo publicado en el Kluwer Copyright Blog

Ubi libros, ibi patria

El Premio Nobel chino Mo Yan, rogaba en el prólogo a una de sus obras: “¡Escriban novelas largas!”. Un crítico literario, a propósito de una novela de ochocientas paginas advertía: “Mi mejor consejo es que no la lean, el segundo es que no dejen que les caiga en un pie”. La extensión, no nos engañemos, no es un atributo del arte; el formato, tampoco debe serlo.

La novela de Bolaño “2666”, con sus 1216 páginas de caudal narrativo, se puede quedar corta; un micro-relato de apenas unas líneas, puede resultar demasiado largo. Una y otro pueden ser leídos hoy por hoy en formato electrónico o en glorioso papel impreso: el medio no desmerece ni engrandece el valor de la obra. Todos son bienvenidos, siempre que el resultado sea un buen libro.

En esta fecha en que celebramos el Día Internacional del Libro , afirmemos parafraseando a Cicerón, ahora que parece que el latín está mal visto en los escritos forenses, “ubi libros, ibi patria”, allí donde están los libros allí está mi patria. Ya sean largos o cortos, electrónicos o en papel, pero ¡libros!

Autor: Antonio Castán

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Recursos en España: fuera páginas y dentro notas

El pasado 27 de enero, el Tribunal Supremo publicó un nuevo Acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación en donde, por primera vez, se limita la extensión de los escritos a 25 páginas.

Es posible que algunos abogados de propiedad industrial e intelectual se lleven las manos a la cabeza, dado que era una práctica habitual la presentación de escritos que llegaban a triplicar esta extensión.

El Tribunal se queja de la “extensión desmesurada” de los recursos que

“lejos de facilitar su resolución, dificulta el trabajo de la fase de admisión, entorpece el correcto entendimiento de las pretensiones del recurrente, introduce confusión en el debate y provoca que, en muchas ocasiones, los argumentos realmente relevantes queden oscurecidos en un cúmulo de alegaciones reiterativas e incluso contradictorias”.

El Supremo apoya esta medida en el artículo 481.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, paradójicamente, establece que los fundamentos del recurso se expondrán “con la necesaria extensión”. Y lo que puede resultar más inquietante aún, los abogados tendrán que acostumbrarse a una norma que restringe el tamaño de las notas a pie a 10 puntos. Lo inquietante no es el tamaño, sino el empleo de notas a pie de página en un escrito procesal. Tales innovaciones literarias han sido siempre consideradas como una especie de herejía por una profesión orgullosa de sus tradiciones.

La nueva normativa no se limita, sin embargo, a estas cuestiones de estilo sino que establece también diversas mejoras sustantivas en el acceso al recurso. Mientras que en el pasado la admisión del recurso dependía exclusivamente del cumplimiento de ciertos criterios técnicos relativos al valor económico o a la contradicción con la jurisprudencia anterior, el Tribunal ahora podrá admitir, de forma excepcional, recursos en los que, según su criterio, exista “necesidad de establecer jurisprudencia o modificar la ya establecida en relación con el problema jurídico planteado porque haya evolucionado la realidad social o la común opinión de la comunidad jurídica sobre una determinada materia”.

Aunque se trata de una práctica extendida en otras jurisdicciones, hasta ahora la discrecionalidad de los tribunales españoles en la admisión de recursos ha sido casi nula conforme al principio de legalidad, considerándose que existía un numerus clausus. Los motivos de recurso estaban limitados a aquellos regulados expresamente por la ley. Esto no ha cambiado. El tribunal no puede inadmitir un recurso que cumple uno de los supuestos legales de admisión. Es más, éste es uno de los ejes del derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, uno de los grandes éxitos del sistema democrático español.

Estos cambios contribuyen a la modernización constante del sistema judicial español y serán bien recibidos por los ejercientes en el campo de la propiedad industrial e intelectual. Cuando empiecen a calar en las instancias inferiores, no podrán más que aumentar la ventaja que tiene España en cuanto al tiempo de resolución: de 12 a 14 meses en la primera instancia en un asunto de patentes o marcas, siempre que se escoja bien al tribunal. Esto se debe en gran medida a que la fase de alegaciones iniciales es mucho más rápida en España que en casi cualquier otro país del mundo – las pruebas documentales y periciales deben acompañar al escrito inicial, sin que sea posible hacerlo después o modificar los hechos o los fundamentos jurídicos.

N.B. Versión inglesa del artículo publicado en el IP Kat

Autor: Colm Ahern

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La Ley de Patentes ha muerto. ¡Larga vida a la Ley de Patentes!

Ha fallecido en Madrid de muerte natural, a los 31 años de edad, la Ley de Patentes de 1986. Su sucesora, la Ley 24/2015, después de 21 meses en la incubadora, pudo ver la luz el sábado 1 de abril merced a la publicación en el BOE, el último día del plazo, de su Reglamento de Ejecución. El esfuerzo denodado de la OEPM por sacar adelante el Reglamento dio sus frutos in extremis garantizando el feliz alumbramiento.

A partir de ahora nos enfrentamos a un nuevo procedimiento de concesión, a un nuevo sistema judicial, a nuevos retos y estrategias y también a nuevas incógnitas. Nada a lo que no estemos acostumbrados los abogados desde que en 1986, precisamente con la Ley por la que entonamos hoy un nostálgico responso, pusiese en marcha el proceso de transformación profunda del derecho de propiedad industrial e intelectual en nuestro país.

En tiempos de cambio, recordemos aquello que cantaba el hoy Premio Nobel de Literatura, en su clásico “forever young”, Bob Dylan: :“may you have a strong foundation when the winds of changes shift”. Larga vida a la nueva Ley de patentes y buena suerte a todos.

PD. Para comentarios sobre la Ley 24/2015, se puede acudir a la serie de post publicados en este blog en el año 2015 y 2016

Autor: Antonio Castán

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Consecuencias del Brexit sobre los derechos de los titulares de registros de marca de la UE

Las consecuencias del Brexit sobre los derechos de los titulares de marcas de la UE sólo se harán sentir en la práctica, previsiblemente, dentro de unos 3 años después de la notificación oficial de salida de la UE por parte del Reino Unido; sin embargo obligan a los titulares de marcas de la UE a tomar ciertas medidas para evitar que los futuros cambios debidos al Brexit tengan consecuencias adversas para la protección de sus marcas.

Tomamos en consideración un plazo mínimo de 3 años para que se haga efectiva la separación del Reino Unido de la UE basándonos en las distintas fases establecidas para el procedimiento de salida de la UE de un Estado Miembro. En efecto, después de haberse tomado la decisión de salir de la UE, el Reino Unido, conforme al Art. 50 del Tratado de la Unión Europea, acaba de notificar formalmente su salida al Consejo Europeo. Después de ello dispone de un plazo de dos años para llevar a cabo las negociaciones que permitirán fijar el nuevo marco legal, el cual será sometido al voto de los Estados Miembros y, además, al parecer, también al voto del Parlamento británico. La nueva situación dependerá por lo tanto, del resultado de las negociaciones entre el Reino Unido y la UE y de los mecanismos que se pongan en marcha.

Por lo tanto, de momento sigue sin cambios el marco que conocemos en materia de marcas en el territorio de la UE: siguen existiendo las marcas nacionales, las marcas internacionales del Sistema de Madrid del que es miembro el Reino Unido y las marcas de la Unión Europea con aplicación a los 28 países de la UE, incluido el Reino Unido.

Consultada la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido, ésta ha anunciado su intención de mantener un vínculo con la UE, por lo que es probable que admita un proceso de transformación o una convalidación automática de los derechos adquiridos por una marca de la UE en marca nacional del Reino Unido.

Entendemos que, previsiblemente se mantendría la fecha de solicitud de la marca de la UE como fecha de prioridad, como en el caso de la transformación de marcas de la UE en registros nacionales prevista en el Art. 112 del RMUE para los casos en los que, si una marca de la UE ha sido denegada debido a la oposición de una o varias marcas nacionales, su titular decida solicitar la protección de su marca en los países en los que no ha tenido obstáculos. Esta transformación se lleva a cabo mediante el pago de una tasa de transformación, el equivalente de una tasa de solicitud, y sometiéndose en su caso al sistema local de examen, como si fuera una nueva marca nacional, con la excepción de que mantiene como fecha de solicitud y prioridad la de la marca de la UE. Si la transformación se solicitase de un registro de marca de la Unión Europea y no de una mera solicitud, cabría la posibilidad de que la concesión como marca nacional se acordase sin más trámite. Todo depende de los términos de la negociación y de las decisiones de política interna que se adopten por el Reino Unido.

De momento, las marcas de la UE siguen teniendo todos sus efectos en el Reino Unido y sólo pasado este plazo estimado de 3 años deberán decidir las empresas si les interesa bastante el mercado británico para justificar el depósito de una nueva solicitud de marca británica, una extensión de una marca internacional al Reino Unido o solicitar la conversión o transformación de su registro de la UE como registro nacional en el Reino Unido.

Sin embargo, desde ya podemos  prever casos en los que será necesario que las empresas tengan que tomar medidas para evitar la pérdida de sus derechos de marca tanto en el Reino Unido como a nivel europeo, como consecuencia del Brexit.

Por ejemplo, en el caso de  marcas de la UE concedidas hace más de 5 años y  transformadas en marcas nacionales en el Reino Unido, estas marcas podrían correr el riesgo de que se les presente, apenas transformadas, una acción de cancelación por no uso en el Reino Unido si no han sido usadas en este país. Tampoco se podría descartar, sin embargo, que sea la fecha de solicitud o de concesión de transformación la que abriera ese plazo.

De la misma manera, una vez que el Reino Unido ya no forme parte de la UE, los titulares de marcas de la UE concedidas hace más de 5 años y únicamente objeto de uso en el Reino Unido, corren el riesgo de que el título obtenido se quede sin valor a la hora de presentar una oposición contra una nueva marca de la UE al no poder demostrar válidamente el uso de su marca en el territorio de la UE o puedan perder dicho derecho si es objeto de una acción de cancelación por falta de uso ante la EUIPO.

Por ello, las empresas deben replantearse desde ya la estrategia de protección de sus marcas en consideración al país en el que están haciendo un uso real y efectivo de ellas.

Además, para las empresas británicas, resultará imprescindible que registren sus marcas como marcas de la UE o en algún país de la UE para poder impedir el registro de marcas de la UE, ya que sus registros nacionales no podrán servir de base en una oposición contra una marca de la UE.

En cuanto a las empresas  de la UE no británicas, deberán sopesar la importancia del mercado británico para ellas. En caso de que estas empresas tengan un interés particular en el mercado británico será imprescindible solicitar, además de los registros de marca de la UE que puedan tener, el registro paralelo de marcas nacionales en el Reino Unido antes de que se resuelva, de una forma u otra, la situación de las marcas de la UE, para evitar la posible, aunque bastante improbable, pérdida de derechos.

También resulta recomendable para todas las empresas a partir de ahora mantener en vigor los registros británicos obtenidos, aunque se haya reivindicado su antigüedad en un registro de la UE idéntico, al desconocer si será posible recuperar la validez de dichos derechos, una vez que hayan sido abandonados a nivel nacional, en el momento en que el Reino Unido haya salido de la UE.

Por otro lado, resulta también imprescindible que los nuevos acuerdos que se firmen actualmente en relación con marcas de la UE incluyan cláusulas expresas que prevean que dichos acuerdos se seguirán aplicando en los territorios que fueron parte del territorio de la UE aún cuando hubieran dejado de serlo en el futuro, al igual que se incluyan cláusulas en las que se prevea la aplicación de los acuerdos firmados no sólo en el territorio de la UE en la fecha de la firma del acuerdo sino también en el territorio de los futuros países miembros de la UE.

Estas son algunas de las reflexiones que podemos ofrecer ahora, momentos después de haberse activado el mecanismo del art. 50 del Tratado de la Unión Europea. Queda todavía un largo recorrido antes de que se pueda conocer la normativa que resultará de aplicación, los términos de los acuerdos que se alcancen en materia de marcas y las medidas que las empresas habrán de adoptar para la mejor protección de sus derechos en el Reino Unido.

Autora: Catherine Bonzom

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