Desde la reforma del derecho de patentes que trajo consigo la Ley de 1986 los pleitos en esta materia, por el cúmulo de especialidades que comportan, han sido siempre diferentes. Cuando entre en vigor la nueva Ley 24/2015, el procedimiento judicial en este ámbito podrá ser considerado, sin caer en la exageración, como una rara avis dentro del sistema judicial español. Son tantas y tan profundas las singularidades que se introducen, que cualquier parecido con otros procesos judiciales será fruto de la mera coincidencia.

Ante todo no deja de ser curioso que a partir del 1 de abril de 2017 los pleitos en propiedad industrial, a excepción de aquellos que se basen en marcas o diseños comunitarios, puedan llegar a emprender un movimiento migratorio hacia Barcelona. Para la nueva Ley la competencia judicial está ligada a los Juzgados de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia, pero sólo de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya designado Juzgados especializados en asuntos de patentes. Y aunque los Juzgados de lo Mercantil de Madrid ya han caído en la cuenta y están en el camino hacia esa designación, hasta el momento sólo Barcelona dispone de estos órganos con atribuciones exclusivas en asuntos de patentes. No es improbable que la buena imagen cosechada por la experiencia catalana hacia la hiper-especialización haya podido influir en esta decisión normativa. Pero el cambio no es baladí.

En segundo término, los pleitos en propiedad industrial van a suscitar no pocas envidias en el seno de la abogacía, si pensamos en un detalle anecdótico pero de enorme trascendencia práctica: el plazo para contestar a la demanda en cualquier acción civil regulada en la Ley 24/2015, a diferencia de los 20 días de que dispone un abogado en cualquier otra materia, será de dos (2) meses. El aspecto técnico que subyace en el objeto de la controversia y la necesidad de resolver cuestiones estratégicas relativas a la impugnación del título son circunstancias que justifican esta significativa -y hasta cierto punto elitista– ampliación del plazo..

Pero hay un tercer detalle que distancia sensiblemente el proceso en derecho de patentes de cualquier otro conocido. Me refiero a la creación de un instrumento cautelar frente a las propias medidas cautelares. La Ley hará posible que aquellas personas que prevean la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa en su contra, puedan presentar ante el órgano competente un “escrito preventivo” para proporcionar al tribunal argumentos en contra de tal solicitud. Esta posibilidad, tan extraña a la tradición procesal española, no se sabe si actuará como cortapisa o como pistón de los procesos de medidas cautelares. Porque la forma en que está concebido puede generar conflictos allí donde no los había o puede en cambio apagar fuegos antes de que la llama llegue a prender. Pero estamos de nuevo ante disposiciones propias y exclusivas que no tienen parangón en ningún otro campo del ordenamiento jurídico.

Esta configuración singular del pleito en materia de patentes cobra mayor importancia si se recuerda que las disposiciones procesales de la Ley 24/2015 son aplicables también a las marcas y a los diseños. Y cabría preguntarse hasta qué punto algunas acciones en derecho de marcas –la caducidad por falta de uso, sin ir más lejos- son merecedoras de ese régimen procesal tan excepcional que se otorga a las patentes con la Ley 24/2015 en esferas como las que han sido señaladas. Y no son, como veremos en próximos capítulos, las únicas novedades que permiten la catalogación de este tipo de procesos judiciales como una rara avis.


Entregas referidas a la nueva Ley de Patentes: 
IV. Los pleitos en la nueva Ley de Patentes, una rara avis (Antonio Castán)



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