El derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, de siempre conocido como droit de suite es, como su propio nombre indica, un derecho de remuneración que corresponde a los autores de obras plásticas y que consiste en una participación económica en las sucesivas reventas de sus obras. La razón de ser de este derecho es bastante evidente: hacer partícipe al autor del éxito económico de sus obras, compensando así la desproporción que pudiera existir entre el precio por el cual el autor se desprendió de su obra y aquel que pudiera llegar a alcanzar en posteriores ventas en las que intervengan profesionales del mercado del arte.

Este derecho, tradicionalmente presente en la mayoría de los ordenamientos de los países de la Unión Europea,  fue objeto de armonización en el año 2011 (Directiva 2001/84/CE). El objetivo de la Directiva fue doble: por un lado, garantizar a los autores de obras de arte gráficas y plásticas la efectiva aplicación del derecho en todos los países de la Unión, y, por otro, suprimir las divergencias existentes entre las legislaciones de los países miembros que daban lugar a una diferencia de trato de los artistas en función del lugar en que se vendieran sus obras, lo que, en definitiva, devenía en un factor distorsionador del funcionamiento del mercado interior. Sin embargo, no todos los aspectos concernientes al funcionamiento de este derecho fueron objeto de armonización comunitaria. Sí lo fueron cuestiones como los beneficiarios del derecho, las operaciones sujetas, las obras a las que se refiere, la base del cálculo o las personas obligadas al pago, pero la Directiva no se pronunció, o no lo hizo claramente, sobre la identidad de la persona que deba soportar definitivamente el coste del canon. Según su artículo 1, apartado 4: “El pago del derecho (…) correrá a cargo del vendedor. Los Estados miembros podrán disponer que una de las personas físicas o jurídicas a las que se refiere el apartado 2 (profesionales del mercado del arte) que no sea el vendedor tenga responsabilidad exclusiva o compartida con el vendedor para el pago del derecho”.

En este contexto, la sociedad francesa Christie’s France SNC, dedicada a la subasta de obras de arte, estableció en sus condiciones generales de 2008 una cláusula en la que se estipulaba que en las ventas realizadas a través de esta casa de subastas, y que estuvieran sujetas al pago del derecho de participación, el comprador quedaba obligado a abonar a la firma una cantidad equivalente al importe del mismo. Christie’s France SNC percibía el dinero en nombre del vendedor y lo entregaba posteriormente a la entidad de gestión encargada de su recaudación. La SNA, una asociación competidora, estimó que las ventas realizadas por Christie’s France a las que se había aplicado la cláusula controvertida constituían un acto de competencia desleal y eran contrarias a la normativa nacional reguladora del derecho de participación. La cláusula fue declarada nula por la Cour d’Appel de París,  y Christie’s recurrió ante la Cour de Cassation, que decidió suspender el procedimiento a fin de plantear al TJUE si la regla del artículo 1.4 de la Directiva 2001/84 debía ser interpretada en el sentido de que es al vendedor a quien corresponde soportar definitivamente el pago del derecho.

La cuestión clave que determina el fallo del Tribunal (caso C-41/14) es, sin duda, la diferenciación que establece entre  la persona obligada al pago y la persona que definitivamente lo soporta. Según el TJUE, la Directiva se limita a fijar la primera de las cuestiones, pero no se pronuncia sobre la segunda. En este sentido considera que no es contraria a Derecho Comunitario una cláusula como la contenida en las cláusulas generales de Christie’s France por la que el coste del derecho es repercutido al comprador final. En definitiva, lo que viene a decir el TJUE en esta sentencia es que el objetivo fundamental de la armonización comunitaria del droit de suite es garantizar la efectiva percepción de la remuneración por parte del autor, dejando al arbitrio de los Estados la decisión sobre quién puede o debe soportar en ultima instancia el pago.



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