El nuevo Código Penal, aprobado ayer por el Congreso de los Diputados (publicación en el BOE de 31.03.2015, L.O. 1/2015), conlleva importantes reformas en materia de delitos contra la propiedad intelectual e industrial, que se pueden condensar en los siguientes puntos:

1.-      Se suprimen las faltas (Disposición Derogatoria Única), aunque se establece un régimen transitorio para las faltas en tramitación (Disposición Transitoria Cuarta).

2.-      Se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Disposición Final Segunda) en lo relativo a la destrucción anticipada de los efectos intervenidos en los delitos contra la propiedad intelectual e industrial (art. 367 ter.3 LECrim), la realización de los efectos judiciales (arts. 367 quater y 367 quinquies LECrim), la utilización provisional de los efectos decomisados (art. 367 sexies LECrim) y la administración de los efectos procedentes del delito llevada a cabo por organizaciones criminales (art. 367 septies LECrim).

3.-    Se modifica la regulación del decomiso, ampliándolo a nuevas figuras delictivas, incluyendo los delitos contra la propiedad intelectual o industrial (nuevo art. 127 bis CP), pudiéndolo acordar el Juez aunque no medie sentencia de condena cuando la situación patrimonial ilícita quede acreditada en un proceso contradictorio y el sujeto se encuentre en rebeldía impidiendo que los hechos puedan ser enjuiciados dentro de un plazo razonable o no se imponga pena por haberse ésta extinguido, entre otros supuestos (nuevo art. 127 ter CP). La regulación no persigue reprochar al condenado la realización de un hecho ilícito, propio de una pena, sino conseguir fines correctores de la situación patrimonial ilícita derivada de un enriquecimiento injusto de origen delictivo, alcanzando a bienes en poder de terceros, y creando una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos. El Juez valorará una serie de indicios a la hora de resolver sobre el comiso: la desproporción entre el patrimonio del sujeto responsable de algunos de los delitos catalogados y sus medios de vida lícitos, la ocultación intencionada de su patrimonio mediante la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, o mediante el recurso a paraísos fiscales, o su transferencia mediante operaciones que dificulten su localización o seguimiento y que carezcan de justificación económica (nuevo art. 127 quinquies CP), estableciendo una serie de presunciones sobre el origen delictivo de los bienes (nuevo art. 127 sexies CP).

4.-       En la nueva redacción del delito contra la propiedad intelectual (art. 270 CP), se ofrece al Juez un margen penal amplio para ajustar la pena a la gravedad de la conducta, estableciendo una penalidad menor en los supuestos de distribución ambulante o meramente ocasional y excluyendo la imposición de penas de prisión en los supuestos de escasa gravedad en atención a las circunstancias del culpable y la reducida cuantía del beneficio. Los supuestos de almacenamiento, importación y exportación se castigan con las mismas penas. A las conductas actualmente penadas consistentes en reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente se añade la de explotar económicamente de cualquier otro modo una obra o prestación protegida sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, sustituyéndose la expresión “ánimo de lucro” por el de “ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto”. Se tipifican expresamente la facilitación de la realización de las conductas descritas mediante la supresión o neutralización de las medidas tecnológicas utilizadas para evitarlo, la elusión o facilitación de la elusión de las medidas tecnológicas de protección de la propiedad intelectual llevada a cabo con la finalidad de facilitar a terceros el acceso no autorizado a las mismas, cuando esta conducta se ejecuta con intención de obtener un beneficio económico directo o indirecto. Asimismo, se castiga la facilitación del acceso o localización de obras o prestaciones protegidas ofrecidas en Internet de forma no autorizada, estando la orden judicial de retirada de dichas obras o prestaciones referida tanto a los archivos que las contengan como a los enlaces u otros medios de localización de las mismas, sin afectar a quienes desarrollen actividades de mera intermediación técnica. Además, se mejora la tipificación técnica de la fabricación y puesta en circulación de los medios destinados a facilitar la neutralización de las medidas de protección de la propiedad intelectual o su posesión con finalidad comercial.

Se mantiene la penalización de las importaciones paralelas de las obras intelectuales desde fuera de la UE cuando, curiosamente, las importaciones paralelas de productos con marcas ya fueron despenalizadas en la última reforma del Código Penal por LO 5/2010.

5.-       La nueva redacción del delito de usurpación de marcas (art. 274 CP) castiga tres tipos de supuestos:
5.1.-    Cuando con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, se realice alguna de las siguientes acciones: a) se fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, o b) se ofrezca, distribuya o comercialice al por mayor dichos productos o el almacenamiento con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Estas acciones se castigan con penas de prisión de uno a 4 años y multa de 12 a 24 meses.
5.2.-     Cuando, en las mismas condiciones, se ofrezca, distribuya o comercialice al por menor, o preste servicios o desarrolle actividades, que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Estos comportamientos se castigan con las penas de prisión de 6 meses a 3 años.
Asimismo, la reproducción o imitación de un signo distintivo idéntico o confundible con aquél para su utilización para la comisión de las conductas descritas se castigará con la misma pena.
5.3.-    La venta ambulante u ocasional de los citados productos será castigada con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Sin embargo, el Juez podrá imponer la pena de multa de uno a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias agravantes.

Esta nueva regulación pretende hacer frente, de una forma más clara y coherente, a las circunstancias en las que se cometen los delitos en estas materias, diferenciando cada uno de los posibles comportamientos y ajustando las penas en cada tipo concreto de actuación. La extensión del decomiso de los bienes y ganancias obtenidas del delito resultará de extraordinaria importancia en estas materias, en las que las operaciones comerciales se realizan, principalmente, dentro de la economía sumergida.

El nuevo Código entrará en vigor el 1 de julio de 2015. 



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